La abstención de México en la Organización de los Estados Americanos (OEA) frente a una resolución para convocar a una reunión de cancilleres que analice la crisis política y democrática de Nicaragua abrió un nuevo frente de cuestionamientos contra la política exterior del gobierno de Claudia Sheinbaum y, particularmente, contra el embajador Alejandro Encinas Rodríguez.
El episodio resulta especialmente sensible por la trayectoria de Encinas en materia de derechos humanos y porque ocurrió mientras organismos interamericanos han documentado un deterioro profundo de las libertades políticas y civiles en Nicaragua, así como una concentración del poder en el entorno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Antes de entrar al fondo, hay una precisión importante: Alejandro Encinas no es el embajador de México ante Naciones Unidas. Es el representante permanente de México ante la OEA, con rango de embajador, de acuerdo con el directorio oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
La decisión que provocó la controversia ocurrió el 19 de agosto, cuando el Consejo Permanente de la OEA aprobó una resolución impulsada por Estados Unidos para convocar a una reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores con el propósito de considerar la situación de Nicaragua. El resultado fue contundente: 29 países votaron a favor, Brasil lo hizo en contra y México se abstuvo.
La postura mexicana fue expuesta por Encinas, quien explicó que México decidió no respaldar la propuesta porque, a juicio del gobierno mexicano, la situación interna de Nicaragua no constituye una amenaza a la paz o a la seguridad hemisférica.
El argumento del diplomático fue que presentar la crisis política nicaragüense como un problema de seguridad regional podría conducir a medidas que excedieran las facultades de la OEA y terminaran privilegiando un enfoque de seguridad sobre una situación que México considera esencialmente política y de derechos humanos. Encinas también sostuvo que no existía suficiente claridad sobre cuáles serían las acciones concretas que podrían adoptarse después de una eventual reunión de cancilleres.
México también invocó los principios constitucionales que orientan su política exterior, entre ellos la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias y el respeto irrestricto a los derechos humanos. Desde esa perspectiva, Encinas sostuvo que la caracterización de Nicaragua como una amenaza hemisférica podría abrir la puerta a acciones incompatibles con esos principios.
Pero precisamente ahí aparece la pregunta que ha comenzado a incomodar: ¿en dónde queda la defensa de los derechos humanos cuando la situación que se discute es precisamente una crisis de derechos humanos?
La pregunta no surge únicamente de una interpretación política de la votación. La propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha descrito durante 2026 la situación de Nicaragua como una de las más graves de la región.
En febrero, la CIDH señaló que Nicaragua permanece bajo un régimen caracterizado por el control, la vigilancia y la represión contra personas consideradas opositoras. El organismo documentó además detenciones arbitrarias por motivos políticos y llamó a liberar a quienes permanecieran privados de la libertad por razones políticas.
Dos meses después, en abril, la Comisión sostuvo que, a ocho años del inicio de la crisis de 2018, continuaban las graves violaciones a los derechos humanos y denunció una concentración absoluta del poder en el entorno familiar Ortega-Murillo. El organismo pidió al Estado nicaragüense restablecer el Estado de derecho, terminar con la represión y liberar a las personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos.
La preocupación tampoco se limita a declaraciones generales.
En junio, la CIDH adoptó medidas cautelares en favor de Ricardo José Mendoza Yrigoyen, detenido por agentes estatales en enero de 2026 y cuyo paradero, según la información recibida por la Comisión, permanecía sin esclarecer. El organismo consideró que existía una situación de gravedad y urgencia que ponía en riesgo sus derechos a la vida y a la integridad personal.
La Comisión también ha denunciado el uso del derecho penal para perseguir a personas que expresan discrepancias políticas o ejercen libertades de expresión, reunión y asociación, y en junio condenó la continuidad de prácticas de tortura y malos tratos contra personas privadas de la libertad por razones políticas en Nicaragua.
Y el contexto político se volvió todavía más delicado en julio y agosto.
El 28 de julio fue presentada en Nicaragua una iniciativa de reforma constitucional que, según la CIDH, busca ampliar el mandato de la denominada copresidencia, restringir la competencia política y establecer impedimentos para la participación de personas consideradas por el régimen como opositoras. La Comisión también condenó las declaraciones de Daniel Ortega en el sentido de que en Nicaragua “no volverá a haber elecciones”.
Para la CIDH, esas medidas son incompatibles con las obligaciones internacionales de Nicaragua en materia de derechos humanos y con los principios de la Carta Democrática Interamericana. El organismo llamó a restablecer las condiciones necesarias para que la ciudadanía pueda elegir y ser elegida en elecciones libres, auténticas, periódicas y competitivas.
Es justamente frente a este panorama que la abstención mexicana adquiere una dimensión política mayor.
El gobierno de Sheinbaum no votó en contra de Nicaragua. Tampoco respaldó la convocatoria de la mayoría de los países de la OEA. Optó por abstenerse y argumentó que una respuesta construida desde la lógica de la seguridad hemisférica podría resultar contraproducente y profundizar el aislamiento del país centroamericano.
Encinas, además, dejó claro que México no pretende desentenderse de la crisis. Afirmó que el gobierno mexicano mantiene su compromiso con la promoción, protección y respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales en Nicaragua, y planteó privilegiar el diálogo, la diplomacia y una salida pacífica.
El problema político está en que la abstención puede ser interpretada de maneras muy distintas.
Para el gobierno mexicano, representa coherencia con una política exterior basada en la no intervención y en la búsqueda de soluciones diplomáticas. Para sus críticos, en cambio, corre el riesgo de convertirse en una posición excesivamente cautelosa frente a un gobierno señalado por organismos internacionales por graves violaciones a los derechos humanos.
La discusión tampoco debería reducirse a una dicotomía entre intervenir o guardar silencio. Una cosa es rechazar cualquier salida militar o coercitiva y otra, muy distinta, negarse a participar en mecanismos diplomáticos destinados precisamente a discutir una crisis democrática.
La resolución aprobada por la OEA no implicaba, por sí misma, una intervención militar en Nicaragua. Lo que planteó fue convocar a los cancilleres de los Estados miembros para considerar la situación del país y analizar posibles acciones dentro del marco de la organización. El documento fue aprobado por 29 votos, frente a la abstención mexicana y el voto contrario de Brasil.
Por eso, el argumento de que cualquier señalamiento internacional equivale automáticamente a una intervención puede resultar insuficiente para quienes observan desde fuera el deterioro de las libertades en Nicaragua.
La propia CIDH ha pedido a los Estados miembros de la OEA utilizar los mecanismos disponibles, conforme a la Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana y los instrumentos internacionales aplicables, para contribuir al restablecimiento de la institucionalidad democrática, el Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos en Nicaragua.
La contradicción que sus críticos señalan, entonces, no está necesariamente en que México defienda el diálogo. Nadie podría objetar que una solución pacífica sea preferible a una confrontación. La controversia está en si la defensa de la soberanía y la no intervención debe convertirse en un límite para que los gobiernos americanos discutan colectivamente el deterioro democrático y las violaciones de derechos humanos que ocurren dentro de uno de los países de la región.
Y ahí aparece inevitablemente el pasado político de Alejandro Encinas.
Durante años, el hoy representante de México ante la OEA construyó buena parte de su trayectoria pública alrededor de la defensa de los derechos humanos, las libertades y las víctimas. Su llegada a una representación diplomática precisamente ante el organismo regional que cuenta con una Comisión Interamericana de Derechos Humanos hacía prever que esa experiencia tendría un peso importante en la posición mexicana.
Por ello, la abstención no pasó inadvertida.
La pregunta que queda abierta no es si México debe abandonar sus principios de no intervención o autodeterminación. Tampoco si debe respaldar automáticamente cualquier iniciativa promovida por Estados Unidos. La cuestión de fondo es cómo puede México defender simultáneamente esos principios y mantener una posición firme frente a gobiernos acusados por organismos especializados de restringir derechos políticos, perseguir opositores y cerrar los espacios democráticos.
La respuesta oficial de Encinas es que ambas cosas son posibles: defender los derechos humanos mediante el diálogo y la diplomacia, sin convertir una crisis política interna en una amenaza de seguridad hemisférica.
Sus críticos, sin embargo, sostienen que la gravedad documentada en Nicaragua exige algo más que una declaración de compromiso con los derechos humanos.
Y esa discusión apenas comienza.
Porque mientras México reivindica la no intervención y advierte sobre los límites de la OEA, la CIDH continúa documentando detenciones arbitrarias, persecución de opositores, restricciones a las libertades públicas, desapariciones y otras graves violaciones en Nicaragua. En agosto, incluso solicitó a la Corte Interamericana ampliar medidas provisionales para proteger al obispo Juan Abelardo Mata y a cuatro personas de su círculo cercano ante una situación que calificó de extrema gravedad y urgencia.
El dilema para la diplomacia mexicana es evidente: cómo defender la soberanía de los Estados sin que esa defensa termine siendo percibida como indiferencia ante quienes sufren violaciones de derechos humanos dentro de esos mismos Estados.
La abstención de México ante la OEA no significa que el gobierno mexicano haya respaldado las acciones de Ortega y Murillo. Encinas fue explícito al afirmar que México mantiene su compromiso con la democracia y los derechos humanos en Nicaragua.
Pero políticamente deja una pregunta difícil de esquivar: si la defensa de los derechos humanos es un principio irrenunciable de la política exterior mexicana, ¿hasta dónde está dispuesto el gobierno a llevar esa defensa cuando se enfrenta a un gobierno señalado por la propia CIDH por graves y persistentes violaciones?
Y, sobre todo, ¿dónde quedó la defensa de los derechos humanos que durante años acompañó el discurso público de Alejandro Encinas?
