La vicecoordinadora de Movimiento Ciudadano en el Senado, Alejandra Barrales Magdaleno, afirmó que el anuncio de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para cerrar todas las escuelas privadas que operan bajo esquemas de disciplina militarizada a partir del ciclo escolar 2026-2027 representa una medida reactiva derivada del fallecimiento de la adolescente Dafne Zapata durante un campamento organizado por una academia militarizada en Tamaulipas, por lo que consideró indispensable mantener las investigaciones, deslindar responsabilidades y establecer mecanismos de supervisión que eviten que situaciones similares vuelvan a repetirse.
Durante una entrevista con Juan Manuel de Anda en Radio Fórmula, la legisladora explicó que el punto de acuerdo que impulsa en el Senado busca que la SEP elabore un padrón nacional de este tipo de planteles privados y establezca una clasificación específica que permita fortalecer su vigilancia, aun cuando el gobierno federal ya anunció que dejarán de operar.
Barrales sostuvo que el caso evidenció la ausencia de información oficial sobre estos centros educativos y cuestionó que las autoridades no conozcan cuántas escuelas de este tipo existen, dónde se ubican ni bajo qué condiciones desarrollaban sus actividades. En ese sentido, señaló que la prioridad debe ser esclarecer cómo funcionaban estos planteles y revisar si cumplían con los requisitos legales para impartir educación.
La senadora recordó que toda institución educativa en México debe contar con el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE), documento que autoriza la impartición de programas académicos. Sin embargo, afirmó que el problema revelado por este caso no radica únicamente en la existencia de ese registro, sino en la falta de supervisión efectiva por parte de las autoridades educativas.
“El problema según estamos viendo con este asunto que se detona con el fallecimiento de Dafne es justamente que, aunque existe ese registro, en la práctica no se supervisa y no se sabe qué es lo que ocurre al interior de estas escuelas”, señaló durante la entrevista.
Barrales explicó que la propuesta legislativa también busca establecer protocolos que garanticen una inspección permanente de todos los planteles educativos del país, independientemente del modelo disciplinario que adopten, con el propósito de verificar tanto el cumplimiento de los programas académicos como las condiciones de seguridad en las que operan.
Respecto a la regulación de las escuelas militarizadas, la legisladora rechazó que correspondiera al Ejército Mexicano autorizar o supervisar su funcionamiento. Explicó que la única autoridad facultada para emitir autorizaciones para impartir educación es la Secretaría de Educación Pública y sostuvo que la denominación de “escuelas militarizadas” fue utilizada por diversos planteles sin que existiera un marco jurídico específico que respaldara esa figura.
“Esta denominación o autodenominación que empezaron a tomar las escuelas militarizadas es justamente eso, una autodenominación, porque no existe en la ley ninguna facultad que permita que el Ejército o alguna otra entidad pueda autorizar que existan escuelas”, afirmó.
En la conversación radiofónica, Barrales señaló que el vacío regulatorio permitió que diversos planteles operaran sin un seguimiento adecuado por parte de la autoridad educativa, situación que, dijo, quedó en evidencia tras el fallecimiento de la menor en Tamaulipas.
Añadió que la falta de conocimiento institucional sobre estos centros educativos representa una preocupación para las familias, ya que las autoridades no contaban con información suficiente sobre sus métodos de enseñanza, sus esquemas disciplinarios ni las condiciones en las que desarrollaban sus actividades.
La legisladora insistió en que el cierre anunciado por la SEP no debe significar el fin de las investigaciones. Consideró indispensable determinar las responsabilidades administrativas o legales que pudieran derivarse de la operación de estos planteles y revisar por qué las autoridades educativas no detectaron previamente las irregularidades.
Asimismo, manifestó que, desde la visión de Movimiento Ciudadano, la respuesta del Estado no debe limitarse a prohibir un modelo educativo, sino a garantizar una regulación eficaz que permita ofrecer certeza a las familias y prevenir riesgos para estudiantes.
“Lo que creemos es que es importante regular, que es importante darle alternativas a la gente, pero no deslindarse de una responsabilidad simplemente diciendo que no se autoriza”, expresó.
Barrales concluyó que el objetivo de su propuesta es que las autoridades educativas realicen un diagnóstico completo sobre las escuelas que operaban bajo este esquema, determinen las condiciones en las que funcionaban y fortalezcan los mecanismos de supervisión para evitar que vuelvan a existir planteles fuera del control efectivo del sistema educativo nacional.
