El 30 de julio de 2026, Gabriela Estrada García, asesora inmobiliaria, ofreció una conferencia de prensa en la que denunció públicamente a su exesposo, el empresario y ex candidato a diputado por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Morelos, Aristóteles Martínez Mondragón. Según su testimonio, durante los cerca de 11 años que duró su matrimonio fue víctima de violencia sexual, física, psicológica, económica y vicaria, además de control coercitivo.
Estrada García afirmó que las agresiones incluyeron golpes, amenazas, presuntas agresiones sexuales, infidelidades reiteradas, aislamiento social y diversas formas de control que, de acuerdo con su relato, se intensificaron cuando ella manifestó su intención de divorciarse. La denunciante señaló que el control coercitivo se ejercía a través de la manipulación económica, la restricción de su autonomía y el uso de los hijos como instrumento de presión, lo que configura lo que se conoce como violencia vicaria.
En la conferencia de prensa, Estrada García detalló que las conductas que ahora denuncia se mantuvieron a lo largo de la relación y que el miedo, la vergüenza y la dependencia emocional y económica le impidieron denunciar antes. Aseguró que, una vez que decidió separarse, las agresiones y las amenazas se agudizaron, lo que la llevó a hacer pública su denuncia para buscar protección y que el caso no quede en la impunidad.
Aristóteles Martínez Mondragón es conocido en el ámbito empresarial de Cuernavaca y Morelos, y en 2024 contendió como candidato a diputado local por el Partido Verde. Hasta el momento de la conferencia de prensa no se había pronunciado públicamente sobre las acusaciones. La denuncia se presenta en un contexto en el que las autoridades de Morelos y del país han impulsado protocolos de atención a víctimas de violencia de género y de violencia familiar.
La violencia vicaria, una de las formas señaladas por Estrada García, se refiere al daño que se inflige a una persona a través de sus hijos o de personas cercanas, con el objetivo de causar sufrimiento emocional. Este tipo de violencia ha ganado mayor reconocimiento en la legislación y en la jurisprudencia mexicana en los últimos años, y su inclusión en la denuncia añade gravedad a los hechos descritos.
Por tratarse de una denuncia pública formulada en conferencia de prensa, el caso aún debe transitar por las instancias ministeriales y judiciales correspondientes. La Fiscalía del estado de Morelos o la instancia competente deberán integrar la carpeta de investigación, recabar pruebas y determinar si existen elementos para ejercer acción penal por los delitos que se configuren (violencia familiar, delitos sexuales, amenazas u otros).
Organizaciones de mujeres y de atención a víctimas de violencia de género suelen acompañar este tipo de denuncias públicas, precisamente para que las víctimas no enfrenten solas el proceso y para visibilizar patrones de control y agresión que muchas veces permanecen ocultos dentro del ámbito privado. El caso de Gabriela Estrada García se suma a una serie de denuncias en las que mujeres han optado por romper el silencio de manera pública cuando sienten que las vías institucionales no han respondido con la debida diligencia.
Hasta el momento, no se había informado de una detención ni de medidas cautelares formales derivadas de la denuncia. Tampoco se conocía una respuesta oficial por parte de Aristóteles Martínez Mondragón ni de su equipo legal. La exposición pública del caso, sin embargo, ya generó reacción en redes sociales y en medios locales de Morelos, donde el empresario tiene presencia.
La denuncia de Estrada García pone nuevamente sobre la mesa la necesidad de que las autoridades actúen con celeridad y con perspectiva de género cuando se presentan señalamientos de esta naturaleza. También recuerda que la violencia dentro de las relaciones de pareja no siempre deja huellas visibles de manera inmediata y que el control coercitivo, la violencia económica y la violencia vicaria pueden ser igual de devastadoras que las agresiones físicas.
El proceso legal apenas comienza. Lo que quedó registrado este 30 de julio de 2026 es el testimonio público de una mujer que decidió denunciar lo que, según su versión, vivió durante más de una década de matrimonio.
