Las primeras demandas de amparo promovidas por aspirantes a la Universidad Nacional Autónoma de México contra la aplicación del examen de control enfrentan su primera prueba formal en los juzgados federales. Los promoventes tienen un plazo de cinco días para aclarar con precisión los actos que reclaman. Si no cumplen con el requerimiento, las demandas se tomarán por no presentadas, de acuerdo con las prevenciones dictadas por las autoridades judiciales.
Los recursos fueron presentados ante los Juzgados Noveno y Décimo Tercero de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México. La titular del Juzgado Noveno, Verónica Yessel Beltrán Murguía, y la del Juzgado Décimo Tercero, Adriana Judith Uribe Vidal, son las juzgadoras que recibieron estos primeros expedientes. Ninguna de las dos ha admitido todavía las demandas a trámite ni ha concedido medidas cautelares o suspensiones que impidan la aplicación de la prueba de control.
En el caso del Juzgado Noveno, uno de los expedientes se identifica como 1610/2026. En él, una aspirante que aprobó el examen de admisión reclamó la convocatoria e instructivo del concurso de selección para ingreso a licenciatura 2026, la cancelación del examen, la negativa de recibir documentos y la negativa de inscripción a la Facultad de Derecho. La jueza Beltrán Murguía previno a la promovente para que subsane las deficiencias de su escrito en el plazo de cinco días, con el apercibimiento expreso de que, de no atender las observaciones, la demanda se tendrá por no presentada.
En el Juzgado Décimo Tercero se radicaron al menos dos expedientes (1461/2026 y 1471/2026). En uno de ellos el quejoso reclamó la cancelación del examen de ingreso; en el otro, un aspirante que buscaba ingresar a Medicina o a Derecho impugnó la decisión de anular la evaluación. La jueza Adriana Judith Uribe Vidal también otorgó el plazo de cinco días para que los promoventes aclaren sus demandas, bajo el mismo apercibimiento de desechamiento.
Hasta el momento de las prevenciones, las demandas no han sido admitidas. Esto significa que los jueces aún no han entrado al estudio de fondo ni han analizado la procedencia de una suspensión provisional. El requisito de aclaración es un paso procesal habitual cuando los escritos presentan imprecisiones en la identificación de los actos reclamados, de las autoridades responsables o de los conceptos de violación.
El origen del conflicto se remonta al primer examen de admisión virtual aplicado por la UNAM en su historia. Tras la publicación de resultados el 17 de julio de 2026, la Comisión Técnica de revisión detectó una proporción atípica de puntuaciones elevadas. Históricamente, alrededor del 3.5 por ciento de los aspirantes obtenía 100 o más aciertos; en 2026 esa proporción se elevó significativamente, lo que generó sospechas de irregularidades, entre ellas el posible uso de inteligencia artificial u otras formas de apoyo externo durante la prueba en línea.
Ante estos hallazgos, el rector Leonardo Lomelí aceptó la recomendación de aplicar un examen de control presencial a aproximadamente 58 mil aspirantes. El grupo incluye tanto a quienes recibieron aviso de selección como a quienes obtuvieron un número de aciertos igual o superior al mínimo histórico de ingreso registrado entre 2021 y 2026 para la misma carrera, plantel y modalidad. La universidad argumenta que la medida busca garantizar la certeza y la equidad del proceso.
Los aspirantes que ya habían sido seleccionados consideran que la decisión modifica las reglas después de publicados los resultados oficiales y vulnera su derecho a la seguridad jurídica y al acceso a la educación superior. En las protestas realizadas frente a Rectoría y en bloqueos de vialidades del sur de la Ciudad de México, los jóvenes han exigido que se respeten íntegramente los resultados publicados, que cualquier investigación de irregularidades se limite a casos concretos con elementos objetivos y que el proceso de inscripción continúe conforme al calendario original.
Algunos abogados que asesoran a los inconformes han advertido que presentar el examen de control podría interpretarse como un consentimiento del acto reclamado, lo que debilitaría eventuales juicios de amparo. Otros especialistas en derecho constitucional señalan que, aunque el amparo es una vía jurídicamente viable, su efectividad para frenar de manera generalizada la medida de la universidad enfrenta obstáculos importantes, entre ellos la autonomía universitaria y la naturaleza del acto administrativo interno.
Mientras los primeros casos avanzan en los juzgados, la UNAM mantiene el proceso de revisión. La institución aplazó el inicio de clases para los alumnos de nuevo ingreso hasta el 31 de agosto, con el fin de dar tiempo a la aplicación y calificación del examen de control. Las fechas de aplicación se programaron entre el 12 y el 19 de agosto en distintas sedes.
El plazo de cinco días otorgado por las juezas Beltrán Murguía y Uribe Vidal representa un momento decisivo para los primeros promoventes. Si cumplen con la prevención y logran que sus demandas sean admitidas, se abrirá la posibilidad de que un juez federal analice si existen elementos para conceder la suspensión y, más adelante, resolver el fondo del asunto. Si no lo hacen, esos recursos concretos se darán por no presentados, aunque nada impide que se presenten nuevas demandas mejor estructuradas.
La controversia pone de manifiesto la tensión entre la necesidad de la universidad de preservar la integridad de su proceso de admisión y la expectativa legítima de miles de jóvenes que recibieron un aviso oficial de selección. El Poder Judicial Federal comienza ahora a conocer de estos asuntos a través de las primeras demandas individuales. El resultado de estas prevenciones determinará si los amparos avanzan o se quedan en el umbral de la admisión.
