Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvieron en la Ciudad de México a Luis Antonio Espinosa Campos, contador y representante en empresas vinculadas con Emigdio Gabriel Moreno Cárdenas, hermano del dirigente nacional del PRI y senador Alejandro Moreno Cárdenas, conocido como “Alito”.
La captura se realizó en un domicilio ubicado en la colonia Mixcoac, alcaldía Benito Juárez, de acuerdo con los datos asentados en el Registro Nacional de Detenciones. La detención ocurrió alrededor de las 14:40 horas en un inmueble localizado sobre la calle Charco Azul, entre Miguel Cabrera y La Castañeda.
Espinosa Campos es señalado en investigaciones previas por su participación en empresas relacionadas con Emigdio Moreno y por presuntas operaciones con recursos públicos durante la administración de Alejandro Moreno como gobernador de Campeche, entre 2015 y 2019.
La detención coloca nuevamente bajo escrutinio la red empresarial que durante los últimos años ha sido relacionada con el entorno familiar del actual dirigente priista. Sin embargo, hasta el momento de esta publicación, los señalamientos deben entenderse como parte de una investigación y no como una sentencia definitiva en contra del detenido.
¿Quién es Luis Antonio Espinosa Campos?
Luis Antonio Espinosa Campos es contador público y ha aparecido en documentos corporativos y registros empresariales relacionados con personas cercanas a la familia Moreno Cárdenas.
Su vínculo con Emigdio Gabriel Moreno Cárdenas ha sido documentado desde años atrás. Una investigación periodística publicada en 2022 señaló que Espinosa Campos participó en empresas vinculadas con el hermano de Alejandro Moreno que obtuvieron contratos del Congreso de Campeche durante el periodo en que el priista encabezó el gobierno estatal.
De acuerdo con esa investigación, fueron más de 150 contratos adjudicados a tres empresas relacionadas con Emigdio Moreno, Luis Antonio Espinosa Campos y Gerardo Peña, por servicios de impresión, difusión y publicidad, con un monto acumulado superior a los 10 millones de pesos.
Entre las sociedades mencionadas se encuentra Operadora 3R, en cuyos documentos corporativos Espinosa Campos aparece como accionista mayoritario. La empresa recibió al menos 30 adjudicaciones directas durante 2018 y 2019 por servicios de publicidad oficial, por un monto cercano a tres millones de pesos, según la información difundida en aquella investigación.
Otra de las compañías señaladas fue Difusora de Comunicación del Sureste, que habría recibido al menos 60 contratos del Congreso de Campeche entre 2016 y 2019.
Estos antecedentes son relevantes para entender por qué el nombre de Espinosa Campos aparece dentro de las investigaciones sobre el entorno empresarial de Emigdio Moreno. No obstante, la existencia de contratos o vínculos corporativos no acredita por sí misma la comisión de un delito.
El vínculo con el hermano de Alito Moreno
Emigdio Gabriel Moreno Cárdenas, ingeniero químico petrolero y empresario, ha sido objeto de investigaciones periodísticas y señalamientos públicos relacionados con operaciones financieras, adquisición de inmuebles y empresas que tuvieron actividades durante el periodo en que su hermano Alejandro Moreno gobernó Campeche.
Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), retomada posteriormente por diversos medios, documentó operaciones financieras y adquisiciones inmobiliarias vinculadas con Emigdio Moreno. El Financiero reportó que entre 2016 y 2017 se registraron depósitos por 11 millones de pesos en una cuenta bancaria a nombre de Emigdio Moreno, parte de los cuales habría sido transferida a Cuda Consulting.
La investigación también identificó a empresas como EMC Metering Systems y Flow Control Instrumentation dentro de la estructura empresarial relacionada con Emigdio Moreno.
El nombre de Espinosa Campos aparece además relacionado con el proyecto de producción de palma de aceite impulsado durante el gobierno de Alejandro Moreno. Una investigación periodística publicada por El Universal señaló que Espinosa Campos, identificado como contador del hermano del entonces gobernador, participó en la creación de GEZ Grupo de Negocios Empresariales del Sureste, sociedad vinculada a un entramado empresarial relacionado con el proyecto.
De acuerdo con esa investigación, posteriormente se constituyeron otras sociedades relacionadas con la producción de palma, entre ellas Palma Real del Sureste y San Joaquín del Este del Carmen.
Los contratos durante el gobierno de Alito
El periodo en que Alejandro Moreno encabezó el gobierno de Campeche es central en las investigaciones que han involucrado a integrantes de su círculo familiar y empresarial.
Los contratos otorgados por el Congreso estatal a compañías relacionadas con Emigdio Moreno y Espinosa Campos fueron objeto de cuestionamientos debido a que varias de esas sociedades fueron creadas durante la administración de Moreno y recibieron adjudicaciones directas.
La investigación difundida en 2022 señaló que las empresas vinculadas con el hermano del priista no tenían antecedentes importantes en los sectores de comunicación y publicidad antes de su creación, pero posteriormente comenzaron a obtener contratos del Congreso local.
En el caso de Operadora 3R, los registros corporativos citados por esa investigación ubicaron a Espinosa Campos como principal accionista, mientras que Gerardo Peña figuraba como comisario. La empresa recibió contratos de publicidad oficial mediante adjudicación directa durante 2018 y 2019.
La información forma parte del conjunto de antecedentes que han alimentado las investigaciones sobre el manejo de recursos públicos durante la administración de Alejandro Moreno, aunque la responsabilidad penal de cada persona involucrada debe determinarse mediante los procedimientos correspondientes.
Investigaciones sobre Emigdio Moreno
El hermano de “Alito” Moreno también ha sido señalado en investigaciones relacionadas con movimientos financieros y adquisición de propiedades en la Ciudad de México.
Una investigación periodística documentó que Emigdio Moreno construyó un patrimonio inmobiliario que incluyó diversos departamentos y propiedades en zonas de alta plusvalía de la capital. El Financiero reportó que seis inmuebles adquiridos por el empresario en la Ciudad de México superaban los 40.7 millones de pesos, de acuerdo con documentos del Registro Público de la Propiedad y de Comercio.
Las acusaciones contra Emigdio Moreno han estado ligadas además a presuntas operaciones de triangulación de recursos y al uso de empresas para realizar movimientos financieros que fueron objeto de cuestionamientos.
La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, también ha realizado durante años acusaciones públicas contra los hermanos Moreno Cárdenas y ha presentado señalamientos sobre empresas y operaciones financieras que, según su versión, estarían relacionadas con recursos obtenidos durante la administración estatal de Alejandro Moreno. La Jornada reportó en 2023 que Sansores acusó a Emigdio Moreno de utilizar empresas que calificó como fachada y afirmó que existían investigaciones relacionadas con transferencias de recursos.
Esos señalamientos políticos, sin embargo, deben distinguirse de las investigaciones ministeriales y de las resoluciones judiciales que eventualmente determinen responsabilidades.
La detención abre una nueva etapa
La captura de Espinosa Campos representa un nuevo episodio dentro de una investigación que durante años ha alcanzado a personas del círculo familiar y empresarial de Alejandro Moreno.
El hecho adquiere relevancia política porque ocurre mientras “Alito” Moreno mantiene una posición central dentro del PRI y continúa enfrentando cuestionamientos derivados de su patrimonio, el de sus familiares y las operaciones empresariales realizadas durante su paso por el gobierno de Campeche.
La información disponible permite acreditar que Espinosa Campos ha tenido vínculos empresariales documentados con compañías relacionadas con Emigdio Moreno y que su nombre apareció previamente en investigaciones periodísticas sobre contratos otorgados durante el gobierno de Alejandro Moreno.
Lo que todavía deberá establecerse ante las autoridades es el alcance de su posible responsabilidad en los hechos investigados, el monto exacto de los recursos presuntamente desviados y los delitos específicos que, en su caso, le sean imputados formalmente.
La detención tampoco implica, por sí misma, que exista una responsabilidad penal acreditada. Será la autoridad ministerial y, posteriormente, un juez quien determine la situación jurídica del detenido conforme a las pruebas incorporadas al expediente.
El caso vuelve así a poner bajo la lupa la red de empresas, contratos públicos y operaciones financieras que durante los últimos años han rodeado a la familia de Alejandro Moreno en Campeche. La investigación deberá determinar si las relaciones empresariales documentadas se limitaron a actividades privadas o si, como sostienen las acusaciones, fueron utilizadas para canalizar recursos públicos de manera irregular.
