La gobernadora morenista de Campeche, Layda Sansores, reconoció que su administración enfrenta una severa crisis de liquidez que compromete incluso el pago de servicios básicos como la energía eléctrica, en un escenario que podría derivar en la suspensión de operaciones de oficinas públicas estatales.
Durante declaraciones recientes, la mandataria sostuvo que las finanzas estatales atraviesan un momento crítico al grado de que “no tenemos un peso de liquidez” y que los recursos disponibles ya no alcanzan “ni para pagar la luz”, lo que evidencia un deterioro en la capacidad operativa del gobierno local.
Sansores advirtió que, de mantenerse esta situación, su administración no recurrirá a endeudamiento ni solicitará prórrogas para cumplir con obligaciones inmediatas. En cambio, planteó una medida extrema: el cierre de oficinas gubernamentales como reflejo de la falta de recursos. “No pediré prestado ni pediré prórroga, apago todas las oficinas y que vean que en Campeche las oficinas se paralizan porque no tenemos recursos”, afirmó.
La crisis financiera, de acuerdo con la propia gobernadora, está vinculada principalmente a la reducción de participaciones federales, que ha impactado de forma directa en la disponibilidad de efectivo para cubrir gasto corriente. La mandataria ha señalado que el recorte presupuestal asciende a miles de millones de pesos, lo que ha limitado la operación cotidiana del gobierno estatal.
Este contexto ya ha tenido efectos concretos en la administración pública. La gobernadora reveló que previamente fue necesario solicitar una prórroga de aproximadamente 15 días para cubrir un recibo de electricidad, lo que refleja tensiones de corto plazo en la tesorería estatal.
El reconocimiento público de la falta de liquidez coloca a Campeche en una posición delicada dentro del panorama fiscal subnacional, en un momento en que la sostenibilidad financiera de los estados depende en gran medida de transferencias federales y de su capacidad para mantener el flujo de ingresos propios. La advertencia de cierre de oficinas, más allá de su carácter político, exhibe la presión inmediata sobre el gasto operativo y la fragilidad de las finanzas estatales en el corto plazo.
