La presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta un nuevo cuestionamiento internacional por su política hacia los medios de comunicación. En un artículo de opinión publicado este lunes en The Wall Street Journal, la periodista Mary Anastasia O’Grady sostiene que el gobierno mexicano está avanzando hacia mecanismos que podrían restringir la libertad de prensa y califica la iniciativa sobre los llamados “derechos de las audiencias” como un posible instrumento de censura.

Bajo el título “Sheinbaum Moves to Gag Mexico’s Media”, publicado en la edición impresa del 17 de agosto de 2026, O’Grady plantea que, aunque la presidenta sostiene que su gobierno defiende las normas democráticas, algunas de sus decisiones en materia de comunicación representan, a juicio de la autora, un retroceso para las libertades individuales.

El centro de la crítica está en los nuevos lineamientos para la protección de los derechos de las audiencias que actualmente se encuentran en consulta pública en México. La propuesta fue puesta a consideración de ciudadanos, medios de comunicación, concesionarios, académicos y organizaciones civiles por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), en un proceso que permanecerá abierto hasta el 21 de agosto.

Para O’Grady, el problema no está únicamente en reconocer el derecho de las personas a recibir información, sino en la posibilidad de que una autoridad pública termine convirtiéndose en árbitro de lo que debe considerarse verdadero o falso dentro de los contenidos difundidos por los medios.

La autora sostiene que Sheinbaum ha presentado la iniciativa como una herramienta para proteger a la población frente a las noticias falsas, pero advierte que otorgar a una institución gubernamental la capacidad de determinar qué información es aceptable podría abrir la puerta a prácticas de censura. En su lectura, ese riesgo adquiere especial relevancia cuando se trata de medios que mantienen una línea crítica frente al poder político.

El señalamiento llega en medio de una discusión que ya había provocado fuertes reacciones en México. Desde finales de julio, periodistas, organizaciones, especialistas y partidos de oposición han cuestionado algunos aspectos del proyecto, mientras que el gobierno federal ha rechazado que se trate de un intento de censurar a los medios.

La propia Sheinbaum ha insistido en que los lineamientos no buscan limitar la libertad de expresión. La presidenta ha defendido el derecho de las audiencias a recibir información veraz y ha señalado que el propósito de las reglas es establecer mecanismos para que quienes consumen contenidos de radio y televisión puedan ejercer sus derechos. También ha admitido que existe espacio para revisar algunos aspectos de la propuesta a partir de las opiniones recibidas durante la consulta pública.

El gobierno también ha argumentado que las posibles sanciones no están dirigidas a castigar la línea editorial o el contenido periodístico de un medio. La explicación oficial es que las obligaciones se relacionan principalmente con mecanismos como los códigos de ética, los defensores de las audiencias y los procedimientos para que las personas puedan presentar inconformidades.

Sin embargo, la controversia tiene una base jurídica concreta. La Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicada en 2025, establece que los concesionarios de radiodifusión y televisión deben contar con códigos de ética destinados a proteger los derechos de las audiencias. La legislación también faculta a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones para emitir lineamientos en esta materia y establece mecanismos de supervisión y sanción.

El artículo 250 de la legislación señala que los concesionarios de radiodifusión o televisión deben expedir códigos de ética para proteger los derechos de las audiencias y establece que dichos códigos deben ajustarse a los lineamientos emitidos por la Comisión, respetando los derechos de información, expresión y de buscar, recibir y difundir información e ideas previstos en los artículos 6 y 7 constitucionales.

La propia ley contempla además sanciones económicas para determinados incumplimientos relacionados con los derechos de las audiencias. El artículo 295 establece multas de entre 0.01 y 1 por ciento de los ingresos acumulables del concesionario, autorizado o programador, entre otros supuestos, por no proporcionar mecanismos de defensa a las audiencias o por no nombrar un defensor de las audiencias o emitir códigos de ética.

Ese marco legal es precisamente el que alimenta una de las preocupaciones centrales que han aparecido en el debate: quién tendrá la última palabra cuando exista una controversia entre una audiencia, un medio de comunicación y el órgano regulador.

El tema es particularmente sensible porque la nueva arquitectura institucional de telecomunicaciones modificó el papel que anteriormente desempeñaba el Instituto Federal de Telecomunicaciones. La legislación establece que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones es un órgano administrativo desconcentrado con independencia técnica, operativa y de gestión, encargado de regular y supervisar los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión. Entre sus atribuciones se encuentra vigilar el cumplimiento de los lineamientos en materia de derechos de las audiencias y, cuando corresponda, sancionar su incumplimiento.

Desde la perspectiva de O’Grady, esa concentración de facultades plantea una cuestión que va mucho más allá de una discusión administrativa. Su argumento es que una democracia no puede depender solamente de las intenciones del gobierno en turno, porque una facultad creada para proteger a las audiencias puede terminar siendo utilizada por una administración distinta para presionar a medios incómodos o críticos.

La autora también coloca la discusión dentro de un proceso político más amplio que, según su interpretación, comenzó durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador y que continuaría con Sheinbaum y Morena. En el artículo sostiene que el partido gobernante ha avanzado en una concentración de poder que, desde su perspectiva, afecta el pluralismo democrático.

La crítica de The Wall Street Journal no se limita, por tanto, a una disposición concreta. El argumento editorial presenta los nuevos lineamientos como parte de una preocupación mayor sobre el equilibrio entre el poder político y los medios de comunicación en México.

El contexto resulta especialmente relevante porque Sheinbaum llegó a la Presidencia con una mayoría legislativa amplia y durante su administración se han concretado reformas institucionales que modificaron organismos que anteriormente contaban con autonomía constitucional. El Digital News Report 2025 del Reuters Institute ya había advertido que la amplia mayoría legislativa de Sheinbaum generaba preocupaciones sobre una posible concentración del poder y documentaba la desaparición o transformación de instituciones como el INAI y el IFT.

El mismo informe describió el entorno mexicano de medios como altamente comercial y concentrado en unos cuantos grupos, además de señalar que las condiciones laborales de los periodistas continúan siendo precarias y peligrosas. También registró que Sheinbaum había mantenido una relación menos confrontativa con los medios que López Obrador, aunque conservó un espacio semanal dedicado a cuestionar contenidos periodísticos que desde el gobierno son considerados “fake news”.

La tensión, por ello, no se reduce a una disputa entre la Presidencia y los medios. En el fondo se encuentra una pregunta que afecta directamente a los ciudadanos: quién debe establecer los límites entre una información falsa, una opinión, una interpretación periodística y una cobertura crítica.

El gobierno sostiene que las audiencias tienen derecho a exigir información veraz y mecanismos para defenderse frente a contenidos que consideren incorrectos. Los críticos, en cambio, advierten que la protección de ese derecho puede convertirse en un problema si la autoridad reguladora adquiere capacidad suficiente para intervenir sobre los contenidos o generar incentivos para que los medios modifiquen su comportamiento editorial por temor a sanciones.

En ese punto coinciden algunas de las principales objeciones expresadas durante las últimas semanas. Incluso análisis que no rechazan la idea de proteger a las audiencias han advertido que el diseño institucional debe impedir que cualquier gobierno utilice las nuevas atribuciones para condicionar la pluralidad informativa.

La discusión permanece abierta. La consulta pública sobre los lineamientos concluirá el 21 de agosto, por lo que el documento que hoy es objeto de críticas todavía puede experimentar modificaciones. Sheinbaum ya ha expresado disposición para revisar aspectos de la propuesta, aunque ha defendido que elementos como la existencia de defensores de las audiencias y códigos de ética derivan de obligaciones establecidas en la legislación vigente.

En este escenario, el señalamiento de The Wall Street Journal coloca nuevamente a México en una discusión internacional sobre libertad de expresión, regulación de medios y concentración del poder político. La frase utilizada por O’Grady —que Sheinbaum estaría avanzando para “amordazar” a los medios mexicanos— corresponde a la valoración de una columnista de opinión, no a una conclusión oficial o judicial sobre la política mexicana.

Y esa diferencia de interpretaciones será, probablemente, el corazón de la discusión durante los próximos días: cómo proteger a las audiencias sin convertir al poder político en juez de la verdad y cómo garantizar una prensa responsable sin debilitar el derecho fundamental a cuestionar al gobierno.