Baja California llega a la segunda mitad de 2026 con una señal que contrasta con el discurso oficial de fortaleza económica: miles de registros patronales han causado baja ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), mientras el impuesto que grava las nóminas se mantiene en 4.25 por ciento y el sector empresarial reclama condiciones más favorables para sostener empleos, inversiones y negocios.

De acuerdo con cifras delegacionales del IMSS difundidas durante 2026, entre enero y junio se registraron 4 mil 102 bajas de patrones en Baja California. Los movimientos se concentraron en enero, con 822 bajas; febrero, con 655; marzo, con 644; abril, con 584; mayo, con 779, y junio, con 618. El promedio fue de poco más de 22 bajas diarias durante el primer semestre.

El dato requiere, sin embargo, una precisión fundamental. El propio Gobierno de Baja California advirtió que las altas y bajas de registros patronales ante el IMSS son movimientos administrativos y no equivalen automáticamente a la apertura o cierre definitivo de una empresa. Una misma compañía puede tener más de un registro patronal, modificarlo, concentrarlo o darlo de baja sin que necesariamente desaparezca la unidad económica o se pierdan todos los empleos asociados.

Por ello, hablar de miles de empresas que cerraron definitivamente a partir de las bajas del IMSS debe hacerse con cautela. Lo que sí muestran los registros es una reducción importante del padrón patronal y una dinámica empresarial que merece atención, particularmente porque las bajas superaron a las altas durante el primer semestre.

El propio Gobierno estatal informó que entre enero y junio se contabilizaron 3 mil 680 altas de registros patronales, frente a las 4 mil 102 bajas reportadas en el mismo periodo en análisis de los datos delegacionales del IMSS. Las altas fueron 627 en enero, 598 en febrero, 682 en marzo, 599 en abril, 591 en mayo y 583 en junio.

La diferencia revela un movimiento neto negativo de 422 registros patronales durante los primeros seis meses del año, aunque, nuevamente, ese saldo no puede interpretarse por sí solo como la desaparición de 422 empresas.

El contraste resulta todavía más relevante cuando se observa el costo que representa para las compañías mantener empleos formales en la entidad. Baja California conserva para 2026 una tasa general de 4.25 por ciento del Impuesto Sobre Nómina, uno de los niveles más elevados entre las entidades federativas. Empresarios de la región han solicitado reducirla a 3 por ciento, argumentando que el gravamen encarece la contratación, presiona los costos operativos y resta competitividad frente a otros estados.

La discusión no es nueva. En diciembre de 2025, representantes empresariales de Tijuana plantearon al Gobierno estatal y al Congreso local reducir la tasa de 4.25 a 3 por ciento para proteger el empleo formal. El secretario de Hacienda estatal, Andrés Pulido Saavedra, rechazó entonces la petición y sostuvo que el esquema contempla estímulos para pequeños empresarios, por lo que la tasa efectiva puede ser menor para determinados contribuyentes.

La permanencia del impuesto adquiere especial importancia para las micro, pequeñas y medianas empresas, que suelen contar con menores márgenes financieros para absorber aumentos en costos laborales, fiscales y administrativos. En enero de 2026, incluso fue presentada ante el Congreso de Baja California una iniciativa para reducir la tasa del impuesto sobre nómina de 4.25 a 3.50 por ciento, bajo el argumento de que una menor carga podría favorecer la inversión, la formalización y la generación de empleos.

El debate fiscal ocurre mientras distintos indicadores muestran una economía estatal con comportamientos contrapuestos. El Gobierno de Baja California ha destacado la generación de empleo formal y señaló que entre diciembre de 2025 y junio de 2026 el número de trabajadores asegurados ante el IMSS aumentó en 76 mil 48 personas, para alcanzar 1 millón 70 mil 951 trabajadores en junio.

También reportó que las exportaciones alcanzaron durante el primer trimestre de 2026 un máximo histórico de 12 mil 946.6 millones de dólares, lo que colocó a Baja California como el quinto estado exportador del país.

Es decir, la fotografía económica no es uniforme. Mientras la actividad exportadora y el empleo formal muestran indicadores positivos, el padrón de registros patronales enfrenta una contracción y las nuevas altas disminuyeron frente al año anterior. Durante el primer semestre de 2026, las 3 mil 680 altas representaron una caída de 9.2 por ciento respecto de las 4 mil 52 registradas durante el mismo periodo de 2025.

El problema se vuelve más visible en algunos sectores. Los datos difundidos a partir de los registros del IMSS identifican entre las actividades con mayores bajas a los servicios para empresas, el comercio y la industria de la transformación. En Tijuana, donde se concentra una parte sustancial de la actividad económica de Baja California, los servicios para empresas representaban 32 por ciento de los establecimientos formales registrados al cierre de junio, seguidos por comercio, construcción e industria de la transformación.

La situación también tiene una dimensión histórica. Al 30 de junio de 2026, el análisis de los registros patronales ubicaba en 37 mil 375 el número de patrones activos en Baja California, después de considerar altas y bajas.

Ese dato debe leerse como un indicador de registros patronales y no como un censo exacto de empresas. Aun así, permite observar la magnitud del universo formal sobre el que descansan tanto una parte importante del empleo privado como la recaudación estatal vinculada a las nóminas.

El desafío para las autoridades consiste en encontrar el equilibrio entre recaudar y preservar la base productiva. Un impuesto que grava directamente la generación de empleo puede representar ingresos indispensables para el Estado, pero también significa un costo que los empleadores deben incorporar a sus presupuestos precisamente en momentos en los que enfrentan menores ventas, incertidumbre, costos laborales crecientes y competencia por inversión.

En diciembre pasado, el sector empresarial de Tijuana calculó que una reducción de 1.25 puntos porcentuales en el impuesto podría representar un alivio importante para compañías de distintos tamaños. Los empresarios utilizaron como ejemplo que una empresa con 100 trabajadores tendría un sobrecosto anual de alrededor de 300 mil pesos frente a una tasa de 3 por ciento; para una plantilla de 500 empleados, el diferencial llegaría a aproximadamente 1.5 millones de pesos.

El Gobierno estatal, por su parte, ha defendido la permanencia del gravamen y ha señalado que los recursos del impuesto se quedan en Baja California y permiten financiar infraestructura, seguridad y otros rubros considerados prioritarios.

En este escenario, las cifras de bajas patronales adquieren un significado que va más allá de una estadística administrativa. Cada registro que deja de estar activo representa, como mínimo, una relación laboral formal que cambió de condición y una señal que las autoridades deben seguir con atención. No todos esos movimientos significan que una cortina haya bajado definitivamente, pero sí muestran que la estructura empresarial está en constante ajuste.

La advertencia más clara aparece en la combinación de dos fenómenos: las nuevas altas patronales están creciendo a un ritmo menor que un año antes, mientras las bajas continúan superando a las incorporaciones. En paralelo, el sector privado mantiene la exigencia de reducir la carga fiscal para preservar la competitividad.

Baja California enfrenta así una paradoja. El estado puede presumir cifras históricas de exportación y un aumento importante del empleo formal, pero al mismo tiempo debe responder por qué cada vez cuesta más mantener y crear determinados negocios formales y por qué las micro, pequeñas y medianas empresas encuentran mayores dificultades para permanecer dentro de la economía regulada.

La discusión no debería reducirse a determinar si un impuesto es alto o bajo. El verdadero desafío está en establecer si la estructura fiscal actual ayuda a ampliar la base de contribuyentes y empleadores o si, por el contrario, termina presionando a quienes ya cumplen con sus obligaciones.

Porque detrás de cada registro patronal existe un negocio, una nómina y, en muchos casos, el ingreso de una familia. Y cuando la formalidad se vuelve demasiado costosa para quienes intentan sostenerla, el riesgo no sólo es perder empresas: también es perder empleos, inversión y capacidad productiva.

Baja California tiene todavía una de las economías manufactureras y exportadoras más importantes del país. Los datos de comercio exterior y empleo formal lo confirman. Pero la fortaleza de una economía no se mide únicamente por lo que exporta o por el número de trabajadores asegurados; también se mide por su capacidad para conservar a quienes emprenden, invierten, contratan y pagan impuestos.