El gobierno de los Estados Unidos ha reiterado en múltiples ocasiones durante 2025 y 2026 su política de cero tolerancia hacia quienes prestan apoyo a los cárteles mexicanos y otras organizaciones criminales de la región que han sido designadas como Foreign Terrorist Organizations (FTO). Esta postura forma parte de una estrategia más amplia puesta en marcha desde el inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump, orientada a tratar el narcotráfico y la violencia asociada como una amenaza de seguridad nacional comparable a las organizaciones terroristas tradicionales.
Según documentos oficiales y comunicados de la Casa Blanca, desde enero de 2025 la administración ha designado a una veintena de organizaciones criminales de América Latina y el Caribe como FTO. Entre ellas figuran el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), MS-13 y Tren de Aragua, a los que se sumaron en fechas más recientes el Primeiro Comando da Capital y el Comando Vermelho de Brasil, así como el Cártel de Juárez (también conocido como La Línea) y Los Viagras, ambos de México, designados el 16 de julio de 2026.
La designación como organización terrorista extranjera no es meramente simbólica. Activa autoridades legales específicas, entre ellas las disposiciones de apoyo material al terrorismo previstas en el código penal estadounidense (18 U.S.C. § 2339B). Esto permite a las agencias de seguridad y a la justicia federal perseguir no solo a los miembros directos de estos grupos, sino también a quienes les proporcionen recursos, financiamiento, refugio o cualquier forma de asistencia, incluso si esa asistencia ocurre fuera del territorio estadounidense.
El Departamento de Estado y el Departamento de Justicia han argumentado que estos cárteles controlan territorios, extorsionan instituciones políticas y judiciales, disponen de capacidades armadas y utilizan asesinatos selectivos y actos de violencia extrema para consolidar su poder. En este sentido, la administración ha señalado que el número de muertes de estadounidenses relacionadas con el consumo de drogas ilícitas —particularmente fentanilo— supera ampliamente las cifras de víctimas de ataques terroristas de origen yihadista en territorio estadounidense en las últimas décadas.
Como parte de esta política, se han creado fuerzas de tarea interinstitucionales que integran al FBI, ICE, la DEA y autoridades estatales y locales, con el mandato explícito de desmantelar las redes de estas organizaciones designadas. En conferencias de prensa celebradas en 2026, funcionarios del Departamento de Justicia han anunciado indictments contra líderes del CJNG y recompensas superiores a los 100 millones de dólares por información que conduzca a su captura.
La estrategia incluye también presión diplomática sobre gobiernos de la región, en particular México, para incrementar la cooperación en operaciones contra laboratorios de fentanilo y rutas de tráfico. Aunque el gobierno mexicano ha mantenido su soberanía sobre el uso de la fuerza en su territorio, se han reportado avances en el intercambio de inteligencia y en la entrega de objetivos prioritarios a autoridades estadounidenses.
Hasta la fecha, las designaciones continúan ampliándose y las operaciones de aplicación de la ley se han intensificado tanto en la frontera como en el interior del país. La política de cero tolerancia se mantiene como uno de los ejes declarados de la estrategia de seguridad nacional de la administración Trump en 2026.
