La pregunta es directa, incómoda y, para el gremio periodístico mexicano, cada vez más urgente: “¿Cuántos más de nosotros tendremos que morir para que el Estado actúe?”. Este miércoles 26 de agosto, Reporteros Sin Fronteras (RSF) y más de 40 medios de comunicación nacionales y locales unieron sus voces para exigir a la presidenta Claudia Sheinbaum y a las autoridades mexicanas una respuesta frente a los asesinatos de periodistas, las amenazas y la impunidad que persiste alrededor de estos crímenes.

La movilización tiene un elemento poco habitual: medios de distintas regiones del país publicaron simultáneamente el mismo llamado, acompañado por los nombres de periodistas asesinados durante el actual gobierno. El objetivo, explicó RSF, es impedir que estas muertes terminen convertidas en una estadística más y colocar frente al Estado los rostros y las historias de quienes fueron silenciados mientras ejercían su profesión.

De acuerdo con RSF, 17 periodistas han sido asesinados desde el inicio de la presidencia de Claudia Sheinbaum, quien asumió el cargo en octubre de 2024. La organización señala que durante los primeros siete meses de 2026 se registró un ritmo de aproximadamente un periodista asesinado por mes por causas relacionadas con el ejercicio periodístico.

La cifra adquiere un peso mayor cuando se observa lo que ocurre detrás de cada nombre. No se trata únicamente de profesionales que dejaron de publicar una nota, salir al aire o encender una cámara. Son personas que tenían familias, compañeros, comunidades y audiencias que dependían de su trabajo para conocer lo que ocurría en su entorno.

RSF advierte que cada asesinato provoca consecuencias que alcanzan mucho más allá de la víctima. El miedo puede llevar a la autocensura, reducir la cobertura de asuntos de interés público y dejar a comunidades enteras sin medios capaces de investigar y contar lo que sucede, particularmente en regiones donde la presencia del crimen organizado y las amenazas contra periodistas son más graves.

“México no puede acostumbrarse a contar a sus periodistas asesinados”, sostuvo Artur Romeu, director de RSF para América Latina, al señalar que cada muerte representa una deuda del Estado con las víctimas, sus familias y la sociedad. La organización considera que la repetición de estos crímenes demuestra que la respuesta institucional no ha sido suficiente y reclama una política pública acorde con la gravedad de la violencia.

Una violencia que no se detiene

La presión de RSF llega después de una serie de asesinatos registrados durante 2026. En julio, la organización documentaba siete periodistas asesinados en el país desde enero, entre ellos Francisco Alejandro Leyva Aguilar, asesinado el 22 de julio en Oaxaca. El periodista había denunciado previamente amenazas y había presentado una denuncia ante la Fiscalía General de la República, pero RSF señaló entonces que no recibió medidas de protección y que el expediente fue remitido posteriormente a autoridades estatales.

Antes de ese crimen, la organización había documentado los asesinatos de Josué Martínez Contreras, Alex Serna, Luis Ángel López Valdez, Roxana Guzmán, Juan David Gámez y Carlos Castro durante 2026. En varios de estos casos, los periodistas trabajaban en medios locales y cubrían asuntos especialmente sensibles como seguridad, corrupción, crimen y problemas ambientales.

El caso de Luis Ángel López Valdez muestra además la vulnerabilidad de quienes, aun después de un ataque contra la prensa en su región, continúan trabajando. El periodista fue asesinado el 11 de junio en Poza Rica, Veracruz. RSF señaló que contaba con medidas de acompañamiento y vigilancia proporcionadas por el mecanismo estatal de protección después del asesinato de otro periodista en la misma ciudad.

En Puebla, Josué Martínez Contreras fue asesinado el 16 de julio mientras se encontraba con su hijo cerca de su domicilio en San Martín Texmelucan. RSF pidió que la investigación determinara si el crimen estaba relacionado con su actividad periodística y reclamó medidas de protección para su familia, sus compañeros y los reporteros que cubrieran el caso.

Estos episodios han llevado a RSF a cuestionar no solamente la capacidad de las autoridades para investigar los asesinatos una vez que ocurren, sino también la prevención. Para la organización, abrir una carpeta después de cada homicidio no puede ser la única respuesta cuando existen antecedentes de amenazas y agresiones que, en algunos casos, eran conocidos por las instituciones.

El reclamo llega a la presidenta

La interpelación de este miércoles también recupera un compromiso que Claudia Sheinbaum asumió antes de llegar a la Presidencia. En mayo de 2024, durante la campaña electoral, la entonces candidata firmó con RSF un documento que planteaba cinco grandes líneas de acción para fortalecer la libertad de prensa y la seguridad de los periodistas.

Entre los compromisos estaban hacer del derecho a la información y del periodismo una prioridad, garantizar la protección de los periodistas, impulsar legislación que permitiera ejercer la profesión de manera segura, combatir la impunidad de los crímenes contra comunicadores y desarrollar políticas de sostenibilidad y seguridad para medios ubicados en regiones donde estaban desapareciendo espacios informativos.

El documento contemplaba además acciones específicas, como revisar el funcionamiento del Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, establecer mecanismos permanentes de evaluación, mejorar la investigación de delitos contra la libertad de expresión y facilitar el acceso de familiares y representantes legales a expedientes relacionados con crímenes contra periodistas.

Sin embargo, al cumplirse el primer año de su gobierno, RSF sostuvo que ninguna de las medidas comprometidas había sido implementada completamente y que únicamente tres mostraban avances parciales. La organización pidió entonces recursos permanentes para la protección de periodistas, el procesamiento federal de los casos más graves de asesinatos y desapariciones y un mecanismo público para evaluar el cumplimiento de los compromisos asumidos.

La situación volvió a ser cuestionada en marzo de 2026, cuando RSF señaló que los ataques contra periodistas locales mostraban que las medidas de protección seguían siendo precarias. La organización pidió a la presidenta convertir sus compromisos en acciones concretas y reclamó investigaciones exhaustivas, imparciales y rápidas en los casos de agresiones contra periodistas.

RSF pide un plan nacional de emergencia

Ante la persistencia de los asesinatos, la organización internacional plantea ahora una respuesta de mayor alcance. RSF exige al gobierno mexicano poner en marcha un plan nacional de emergencia contra la violencia hacia periodistas, con la participación coordinada de autoridades federales y estatales, fiscalías y el Poder Judicial.

La propuesta contempla que las autoridades puedan responder con rapidez ante situaciones de riesgo, pero también que fortalezcan las investigaciones de los crímenes ya cometidos y persigan tanto a los autores materiales como a quienes ordenaron los asesinatos.

RSF también reclama mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas que permitan detectar las fallas existentes en prevención, protección e investigación, corregirlas y evitar que se repitan. El planteamiento parte de una premisa: la protección de un periodista no puede depender únicamente de reaccionar cuando la amenaza ya se convirtió en ataque.

La organización sostiene que los asesinatos atribuidos principalmente a grupos del crimen organizado permanecen impunes y que esa falta de justicia contribuye a perpetuar el ciclo de violencia contra la prensa.

México sigue entre los lugares más peligrosos para ejercer el periodismo

La dimensión del problema también aparece reflejada en la clasificación internacional de RSF. En su Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2026, México ocupa el lugar 122 de 180 países, con una puntuación de 45.23. En el indicador específico de seguridad, el país se ubica en el puesto 160, de acuerdo con la organización.

Para RSF, los periodistas que trabajan en medios locales y cubren seguridad, corrupción, delincuencia organizada o asuntos ambientales se encuentran particularmente expuestos. Los casos registrados durante 2026 muestran precisamente esa vulnerabilidad de la prensa regional, donde una investigación, una denuncia o una cobertura sobre intereses locales puede colocar al comunicador en una situación de riesgo extremo.

El problema, por tanto, no se reduce a la seguridad individual de quienes trabajan frente a un micrófono, una cámara o una computadora. Cuando un periodista deja de informar por miedo, también pierde una comunidad. Cuando un medio decide no publicar una investigación para proteger a sus colaboradores, desaparece una parte del debate público. Y cuando un asesinato queda sin esclarecer, el mensaje que reciben otros periodistas puede ser el de que informar tiene un costo que el Estado todavía no consigue impedir.

Por eso, la pregunta que RSF y los más de 40 medios colocan este miércoles frente al gobierno de Claudia Sheinbaum no es solamente una expresión de indignación. Es una exigencia de resultados: ¿cuántos más tendrán que morir para que el Estado actúe?

La respuesta, sostiene RSF, no puede esperar a la siguiente víctima. México necesita que la protección deje de ser una promesa, que las investigaciones conduzcan a responsables y que la justicia consiga romper el ciclo de impunidad que durante años ha acompañado a la violencia contra la prensa. Porque detrás de cada nombre que aparece en esa lista hay una historia que ya no podrá contarse y una sociedad que perdió una de sus voces para conocer la verdad.