El aseguramiento de más de 59 millones de litros de combustible en San José Iturbide, Guanajuato, que inicialmente fue presentado como uno de los mayores golpes contra el llamado huachicol fiscal, ahora se encuentra bajo una investigación que busca determinar si el hidrocarburo realmente tenía un origen ilícito.
La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta la revisión de los permisos, documentos y trazabilidad del combustible localizado en una terminal operada por Gas Natural del Noroeste, filial de Grupo SIMSA. La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) atrajo la carpeta debido a la complejidad del caso.
La propia presidenta Claudia Sheinbaum señaló este jueves que la FGR todavía analiza la documentación relacionada con la terminal y que será esa institución la que determine si existió alguna actividad ilícita.
¿Por qué existen dudas sobre el supuesto huachicol fiscal?
El caso comenzó a conocerse el 17 de septiembre, cuando autoridades informaron sobre el aseguramiento de 59 millones de litros de gasolina regular, gasolina Premium y diésel en un inmueble de San José Iturbide.
La investigación se había iniciado el 3 de julio, después de que fue detenida una persona que transportaba combustible en una pipa de 33 mil litros hacia una gasolinera de San Luis de la Paz. De acuerdo con la FGR, en ese momento no se pudo acreditar la trazabilidad del hidrocarburo. Las indagatorias llevaron posteriormente hasta instalaciones relacionadas con el almacenamiento y distribución de combustible.
El volumen asegurado fue presentado inicialmente como presunto combustible de procedencia ilícita. Sin embargo, Gas Natural del Noroeste rechazó esa caracterización y aseguró que la terminal opera con permisos federales, estatales y municipales.
La empresa afirma que cuenta con un permiso de almacenamiento de petrolíferos con vigencia de 30 años y que presta el servicio de recibir y almacenar productos que pertenecen a empresas usuarias.
¿Qué dice la FGR sobre los 59 millones de litros?
La Fiscalía ha señalado que las empresas relacionadas con el combustible todavía no habían acreditado de manera completa y fehaciente la licitud de su origen, manejo y destino.
Por ello, la investigación no se limita a determinar si la terminal tenía autorización para almacenar hidrocarburos. También busca establecer la procedencia del combustible, su trazabilidad y las operaciones comerciales relacionadas con él.
La FEMDO asumió la investigación ante la complejidad del expediente. La revisión deberá establecer si existieron delitos relacionados con hidrocarburos o posibles irregularidades fiscales.
Gas Natural del Noroeste defiende la legalidad de la operación
Tras el aseguramiento, Gas Natural del Noroeste afirmó que la terminal de San José Iturbide funciona conforme a los permisos correspondientes.
La compañía sostiene que puede almacenar hasta 100 millones de litros y que el combustible encontrado pertenece a empresas usuarias que, según su versión, cuentan con permisos para comercializar los productos.
La empresa también aseguró haber entregado documentación a las autoridades para acreditar la legalidad de sus operaciones.
Esto explica una de las principales interrogantes del caso: tener permisos para almacenar combustible no necesariamente determina por sí mismo la legalidad del origen de cada producto almacenado. La investigación de la FGR debe establecer precisamente esa trazabilidad.
¿Qué dijo Claudia Sheinbaum?
La presidenta ha evitado dar por hecho que el combustible sea ilegal y ha insistido en que corresponde a la FGR informar el resultado de las investigaciones.
Este jueves, Sheinbaum señaló que la Fiscalía continúa revisando los permisos de la empresa y que será necesario esperar a que concluya ese proceso antes de determinar si puede descartarse o confirmarse la hipótesis de procedencia ilícita.
Días antes, la mandataria también había señalado que la FGR debía explicar las circunstancias que llevaron al aseguramiento y determinar si existía una actividad ilegal.
También hubo cambios dentro de la FGR en Guanajuato
En medio de la controversia, Juan Francisco Vera Ayala fue separado de su cargo como delegado de la FGR en Guanajuato, de acuerdo con información publicada este jueves por La Jornada.
El expediente, mientras tanto, quedó bajo la responsabilidad de la FEMDO. La salida del funcionario se produjo después del operativo y en medio de la revisión de las circunstancias que rodearon el aseguramiento.
