La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, acusó a Morena de haber votado en contra de la reforma electoral estatal que contempla la posibilidad de anular una elección cuando se acredite la intervención del crimen organizado.
El señalamiento ocurre un día antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analice la constitucionalidad de diversas modificaciones a la legislación electoral de Chihuahua, entre ellas las disposiciones relacionadas con la intervención de grupos delictivos en los procesos electorales.
En un mensaje difundido este lunes, Campos pidió a las ministras y ministros de la Corte mantener vigente la reforma y sostuvo que el resultado de la deliberación tendrá implicaciones para la protección de los procesos electorales.
¿Qué dijo Maru Campos sobre Morena?
La gobernadora afirmó que la reforma fue respaldada en el Congreso de Chihuahua por las distintas fuerzas políticas, con excepción de Morena.
Según su versión, después de que la legislación fue aprobada, Morena recurrió a la Suprema Corte para impugnar las modificaciones.
“Lo que está en juego el martes es precisamente eso: que el voto se decida en las urnas y no en los cuarteles del crimen”, expresó Campos en su mensaje.
La mandataria también pidió a la SCJN confirmar íntegramente la legislación y defendió la reforma como un mecanismo para impedir que grupos criminales intervengan en las elecciones.
La acción de inconstitucionalidad promovida por Morena está identificada con el expediente 99/2026. De acuerdo con la información del procedimiento, fue presentada el 30 de julio de 2026 y posteriormente se acumuló con otros tres recursos relacionados con las reformas electorales aprobadas por el Congreso de Chihuahua.
¿Qué establece la reforma electoral de Chihuahua?
Las modificaciones aprobadas por el Congreso local contemplan mecanismos para enfrentar una eventual intervención del crimen organizado en los procesos electorales.
Entre sus disposiciones se encuentra la posibilidad de invalidar una elección cuando se acredite la intervención de grupos delictivos, además de restricciones relacionadas con candidaturas vinculadas con organizaciones criminales.
La legislación fue aprobada mediante decretos publicados el 30 de junio de 2026, que modificaron la Constitución de Chihuahua, la Ley Electoral estatal y el Código Municipal.
En el debate político local, sectores del PAN han denominado a estas disposiciones como la “Ley Anti-narcocandidatos”, aunque ese no es el nombre formal de una ley independiente.
¿Por qué la Suprema Corte revisará la reforma?
La constitucionalidad de las modificaciones fue cuestionada mediante cuatro acciones de inconstitucionalidad.
Los recursos fueron promovidos por legisladores integrantes del Congreso de Chihuahua, Morena y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. La acción presentada por Morena corresponde al expediente 99/2026, mientras que la de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos está registrada como 103/2026.
Los cuatro asuntos fueron acumulados para su análisis conjunto por el Pleno de la Suprema Corte. (Sijud)
La discusión de la Corte, por tanto, no se limita al enfrentamiento político entre Morena y el gobierno de Chihuahua. El máximo tribunal deberá determinar la validez constitucional de las disposiciones aprobadas por el Congreso estatal a partir de los argumentos planteados en las acciones de inconstitucionalidad.
¿Qué está en juego con la decisión?
El debate se centra en los alcances que puede tener una legislación electoral estatal para impedir la intervención del crimen organizado y establecer consecuencias sobre un proceso electoral cuando se acredite esa injerencia.
Para Maru Campos, la reforma representa un mecanismo para proteger el voto frente a grupos criminales. En su mensaje, la gobernadora pidió a la Corte mantener las disposiciones aprobadas por el Congreso.
La postura de Morena es la que deberá analizarse a partir de los argumentos presentados en su acción de inconstitucionalidad. La existencia del recurso está acreditada en el expediente de la SCJN; atribuir al partido una motivación adicional requeriría remitirse específicamente a los argumentos jurídicos de su demanda y no únicamente a las declaraciones de la gobernadora.
El tema llega antes de las elecciones de 2027
La resolución ocurre en la antesala del proceso electoral de 2027, cuando Chihuahua renovará la gubernatura, además de otros cargos de elección popular.
Por ello, la discusión sobre las reglas para impedir la intervención del crimen organizado en las elecciones adquiere relevancia dentro de la preparación del próximo proceso electoral.
La decisión corresponde a la Suprema Corte, que deberá resolver sobre la constitucionalidad de las disposiciones impugnadas.
