El Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) enfrenta señalamientos por el presunto uso de recursos públicos en la difusión de contenidos que, según críticos, favorecen al partido Morena, en posible contravención del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La denuncia se originó en un reportaje de la periodista Anna Lu Ortega, transmitido en el noticiero Hechos AM de TV Azteca. En el material se exhiben publicaciones de las redes oficiales del organismo (@imjuvemx) que, de acuerdo con el análisis presentado, promueven mensajes alineados con la narrativa del partido en el poder, en lugar de limitarse a labores institucionales. El reportaje sostiene que estas acciones desvían atención y recursos de las problemáticas prioritarias que enfrentan las personas jóvenes en el país.
El artículo 134 constitucional establece que los recursos económicos de la Federación, estados y municipios deben administrarse con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. Además, obliga a los servidores públicos a aplicarlos con imparcialidad, sin influir en la equidad de la competencia entre partidos políticos. La propaganda gubernamental, por su parte, debe tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social, sin incluir elementos de promoción personalizada o partidista.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y análisis de organizaciones especializadas, México cuenta con alrededor de 30 millones de personas de entre 15 y 29 años. De ellas, una proporción significativa no forma parte de la población económicamente activa. Entre quienes trabajan, la informalidad laboral oscila entre 58 y 60 por ciento, lo que implica ausencia de prestaciones, seguridad social y estabilidad. La tasa de desocupación juvenil suele duplicar o superar la nacional, y se suman retos como el reclutamiento por grupos delictivos en ciertas regiones y las dificultades para acceder a vivienda digna.
El IMJUVE, organismo público descentralizado adscrito a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, tiene por mandato legal promover el desarrollo integral de las juventudes, diseñar políticas públicas en la materia y fomentar su inclusión en los ámbitos económico, social, político y cultural. Su presupuesto para el ejercicio 2026 se ubica en torno a los 65 millones de pesos, destinados a programas de articulación de políticas de juventud, apoyo administrativo y otras actividades.
Hasta el cierre de esta edición no se registraba una respuesta oficial del Instituto ni de su director general, Abraham Carro Toledo, ante los señalamientos. En el pasado, el organismo ha impulsado campañas de participación juvenil, jornadas culturales, murales por la paz y convocatorias laborales o de emprendimiento, actividades que sus responsables suelen presentar como parte de su labor de vinculación y difusión institucional.
Analistas y voces de oposición han interpretado el caso como un ejemplo más de la tensión recurrente entre el uso de estructuras gubernamentales para comunicar logros de gobierno y el límite constitucional que prohíbe la propaganda partidista con dinero público. Por otro lado, defensores de la actual administración argumentan que la comunicación de programas sociales y de participación ciudadana forma parte legítima de las funciones del Estado y que las críticas suelen intensificarse en periodos preelectorales.
El debate se inserta en un contexto más amplio de escrutinio sobre el ejercicio de recursos públicos en materia de comunicación social. Mientras las autoridades electorales y órganos de fiscalización mantienen facultades para revisar posibles infracciones, el IMJUVE continúa operando con el mandato de atender a una generación que enfrenta condiciones laborales precarias y limitada movilidad social. La controversia pone de relieve la necesidad de transparencia en el uso de los recursos destinados a las juventudes y de claridad en la distinción entre información institucional y promoción política.
