Movimiento Ciudadano no se quedó de brazos cruzados ante los nuevos ataques contra Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, Michoacán. El partido naranja presentó una denuncia por presunta violencia política de género contra el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, la Fiscalía estatal, Gerardo Fernández Noroña y la cuenta de X conocida como “La Catrina Norteña”, a la que señala de participar en una campaña de agresiones digitales contra la presidenta municipal. En MC consideran inadmisible que, después del asesinato de Carlos Manzo, su sucesora enfrente una ofensiva política por continuar con la lucha de quien fuera su esposo.
Y la cosa no quedará solamente en una denuncia. Movimiento Ciudadano también acudirá a la Secretaría de las Mujeres y llevará el caso a la Cámara de Diputados para exigir un pronunciamiento contra la violencia política hacia la alcaldesa. El mensaje del partido naranja es claro: ninguna mujer debe enfrentar intimidaciones o ataques por ejercer un cargo público, mucho menos en un municipio marcado por la violencia criminal.
EL INE ABRE LA CAJA DE PANDORA
Parece que en el Instituto Nacional Electoral están decididos a revisar hasta el último contrato firmado durante la gestión de Guadalupe Taddei. Este jueves, el Consejo General tiene previsto aprobar un plan de auditorías externas para detectar posibles irregularidades y, si existen elementos legales, rescindir contratos. La revisión no será cualquier cosa: también contempla solicitar una fiscalización extraordinaria a la Auditoría Superior de la Federación y pedir información a la Unidad de Inteligencia Financiera sobre las empresas proveedoras del organismo.
Pero ahí no termina el asunto. El INE también pretende revisar ante el SAT la situación fiscal de sus proveedores y cambiar las reglas de contratación rumbo al proceso electoral de 2027. La pregunta que comienza a circular es cuántos contratos podrían quedar bajo sospecha y quiénes tendrían que responder si aparecen anomalías. Por ahora, las irregularidades están por acreditarse, pero el anuncio de auditorías anticipa que la administración de Taddei seguirá bajo escrutinio.
SIETE AÑOS Y NI UN SOLO SENTENCIADO
Siete años después de la masacre que estremeció a México, la familia LeBarón sigue esperando justicia. Nueve integrantes de las familias LeBarón, Langford y Miller fueron asesinados en los límites de Sonora y Chihuahua, y hasta ahora, según denuncian sus familiares, no existe una sola sentencia condenatoria por el crimen. Adrián LeBarón puso cifras al abandono que asegura haber enfrentado: más de 70 mil kilómetros recorridos, 700 puertas tocadas y 7 mil manos estrechadas, pero cero sentenciados. Una cuenta que exhibe la desesperación de quienes llevan años exigiendo respuestas.
El reclamo también llegó de los hermanos de Rhonita Maria Miller, asesinada junto con sus cuatro hijos durante la emboscada. Para las familias, no basta con investigaciones interminables ni promesas de justicia; quieren responsables condenados y penas proporcionales a la gravedad de los hechos. A siete años de aquella tragedia, la herida sigue abierta y el señalamiento contra las autoridades es contundente: mientras no haya sentencias, la impunidad seguirá marcando uno de los episodios más dolorosos de violencia contra familias en México.
