Durante los gobiernos de Ernesto Zedillo y Vicente Fox, más de la mitad de los mexicanos carecía de afiliación a algún esquema de servicios de salud. Al cierre de 2000 la cifra se ubicaba cerca del 55 por ciento. La creación y posterior expansión del Seguro Popular, impulsada especialmente a partir de 2004, cambió de manera notable ese panorama. Hacia 2016 la proporción de personas sin cobertura había bajado hasta un mínimo cercano al 6.2 por ciento, de acuerdo con series históricas de afiliación y mediciones de organismos públicos.
Ese avance se concentró en la población que no contaba con seguridad social formal. El Seguro Popular permitió afiliar a decenas de millones de personas, principalmente en zonas rurales y de mayor rezago, y se reflejó en la reducción de la carencia por acceso a servicios de salud que reportaba el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). En 2018 ese indicador se situaba en 16.2 por ciento.
A partir de 2019 la tendencia se revirtió. La desaparición del Seguro Popular y su sustitución primero por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y después por el IMSS-Bienestar coincidieron con un nuevo incremento de la población que declara no contar con afiliación. Según datos de la medición de pobreza multidimensional, la carencia por acceso a servicios de salud pasó a 39.1 por ciento en 2022 y se ubicó en 34.2 por ciento en 2024, lo que representa 44.5 millones de personas. Series de afiliación reportada sitúan la proporción de población sin cobertura alrededor del 31 por ciento en 2025.
Es importante distinguir entre dos indicadores. La carencia por acceso a la seguridad social —que incluye pensiones y otras prestaciones laborales— se ha mantenido históricamente elevada, cercana al 50 por ciento, y en 2024 se ubicó en 48.2 por ciento. El indicador que experimentó la caída más pronunciada y el posterior repunte es el de afiliación a servicios de salud.
En los últimos años se ha registrado un crecimiento de la afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social entre trabajadores formales. Sin embargo, ese avance no ha compensado por completo la reducción del esquema no contributivo que antes cubría a una parte importante de la población abierta. Estudios recientes, como el informe Salud quebrada elaborado por investigadores de El Colegio de México, el Instituto Nacional de Salud Pública y el Instituto Nacional de Cancerología, señalan que el retroceso ha sido más marcado en municipios con mayor rezago social, donde la proporción de hogares sin aseguramiento pasó de niveles bajos en 2018 a cifras superiores al 60 por ciento en 2024.
La administración actual ha priorizado la consolidación del IMSS-Bienestar y el refuerzo de la infraestructura y el abasto de medicamentos. Autoridades federales sostienen que el modelo busca una atención gratuita y universal sin necesidad de afiliación formal. Al mismo tiempo, especialistas advierten que la fragmentación del sistema, el financiamiento todavía insuficiente respecto a recomendaciones internacionales y las dificultades de acceso efectivo en muchas regiones continúan siendo retos pendientes.
Los datos muestran, en conjunto, un ciclo de expansión de la cobertura formal entre 2000 y 2018, seguido de un deterioro en la afiliación reportada a partir del cambio de modelo. La recuperación de los niveles previos y la mejora de la calidad y oportunidad de los servicios siguen siendo los principales desafíos del sistema de salud mexicano.
