La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este lunes que volverá a presentar su propuesta de reforma electoral una vez concluidas las elecciones intermedias de 2027. Durante su conferencia matutina, explicó que la iniciativa no prosperó previamente porque diversos partidos políticos se negaron a respaldarla, en particular por los cambios previstos en la asignación de legisladores de representación proporcional.
“Yo hice una propuesta de reforma electoral que no fue aprobada. Después de las elecciones lo voy a volver a proponer”, indicó la mandataria, según registros de la sesión. El anuncio se produce en un momento en que el Instituto Nacional Electoral (INE) enfrenta cuestionamientos por presuntas irregularidades en contrataciones de material electoral, aunque Sheinbaum ha reiterado que los comicios del próximo año están garantizados y que cualquier modificación de fondo a las reglas electorales debe esperar al término del proceso para no interferir con él.
La reforma que el Ejecutivo impulsó a inicios de 2026, presentada como un “decálogo por la democracia”, contempla diez puntos principales. Entre los más destacados figura la modificación del sistema de diputados plurinominales: se mantendrían 200 escaños de representación proporcional, pero se eliminarían las listas definidas por las dirigencias partidistas. En su lugar, una parte se asignaría a los candidatos que obtuvieran los mejores resultados dentro de su partido sin ganar el distrito, otra por votación directa en circunscripciones y un número reducido para mexicanos residentes en el extranjero. En el Senado se proponía reducir el número de escaños y eliminar la lista nacional de representación proporcional, dejando 64 por mayoría relativa y 32 de primera minoría.
Otro eje central es la reducción del 25 por ciento en el costo de las elecciones, que alcanzaría al INE, a los organismos públicos locales electorales, a los tribunales y al financiamiento público de los partidos. También se planteaba mayor fiscalización, con acceso oportuno del instituto a las operaciones financieras de partidos y candidatos, la prohibición de aportaciones en efectivo y el uso de tecnologías para el monitoreo. Otras medidas incluían la regulación del uso de inteligencia artificial y la prohibición de bots en campañas, la disminución de tiempos de radio y televisión, el fortalecimiento de mecanismos de democracia participativa, así como prohibiciones de nepotismo y de reelección inmediata a partir de 2030.
Desde el gobierno se sostiene que estas modificaciones responden a una demanda ciudadana de bajar el gasto en política y de que todos los legisladores busquen el voto popular de manera directa, en lugar de depender de negociaciones internas de los partidos. Sheinbaum ha señalado que los recursos ahorrados podrían destinarse a áreas prioritarias como salud y educación.
Sectores de la oposición y algunos aliados del oficialismo han expresado reservas. Partidos como el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, así como fuerzas que en su momento se opusieron a la eliminación de las listas plurinominales, argumentan que la representación proporcional garantiza la pluralidad y la presencia de minorías en el Congreso. Critican que recortes significativos al financiamiento y cambios en la integración del Poder Legislativo podrían debilitar a los organismos autónomos y concentrar más poder en las mayorías. Especialistas en derecho electoral han advertido sobre la necesidad de un debate amplio que preserve la autonomía del INE y la certeza jurídica de las reglas del juego.
Por ahora, el gobierno ha priorizado la transparencia en las contrataciones del INE y la preparación de las elecciones de 2027, en las que se renovará la Cámara de Diputados y se elegirán gobernadores en varias entidades. La presidenta ha dejado claro que cualquier reforma de fondo se discutirá después de esa jornada, cuando el Congreso electo pueda analizarla sin las restricciones temporales que impone un proceso electoral en curso.
El anuncio reabre el debate sobre el modelo electoral mexicano, en un contexto de demandas de austeridad y de cuestionamientos a las instituciones. La discusión definitiva quedará, según lo planteado por el Ejecutivo, para después de junio de 2027.
