La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este viernes que cuenta con pruebas de los señalamientos formulados en días pasados sobre una red de contratistas electorales y posibles vínculos con integrantes del partido Somos. Lo hizo en respuesta al anuncio de esa organización política de presentar una demanda por daño moral y difamación en su contra y de la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro.
Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum sostuvo que “tenemos pruebas de todo lo que digo” y reiteró que “nosotros solo dijimos los hechos (…) lo sostengo”. La mandataria indicó que la información ya fue presentada públicamente y se mantuvo firme ante el anuncio de acciones legales.
El conflicto se originó el jueves 5 de noviembre, cuando en la misma conferencia se expuso un esquema de empresas vinculadas a los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas. Según la investigación presentada por la Secretaría Anticorrupción, esas compañías obtuvieron contratos por aproximadamente 2 mil 740 millones de pesos con organismos electorales entre 2015 y 2025. De ese monto, más de 2 mil millones corresponden al periodo 2015-2023 y alrededor de 646 millones a 2024-2025.
El gobierno federal señaló que Juan Carlos Padilla Aguilar, actual militante destacado de Somos y exfuncionario del Registro Nacional de Población y del entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), fue superior jerárquico de los hermanos Hernández Casillas en la administración pública hace varias décadas. Padilla también fue vinculado a organizaciones relacionadas con Guadalupe Acosta Naranjo, dirigente de Somos. En el mismo contexto se mencionó la participación de figuras como Lorenzo Córdova en el consejo consultivo de esa agrupación.
Somos rechazó de inmediato los señalamientos. En un comunicado, la organización —fundada en 2026 e integrada por exdirigentes y exfuncionarios electorales— anunció que demandará a Sheinbaum y a Buenrostro por daño moral y difamación. Acusó al gobierno de buscar “chivos expiatorios” para desviar la atención de lo que considera la crisis de credibilidad más profunda en la historia del Instituto Nacional Electoral (INE), atribuida a la gestión de la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei.
El partido sostuvo que los hechos que se le pretenden atribuir se remontan a hace un cuarto de siglo y carecen de sustento actual. Señaló que la corrupción, los conflictos de interés y el enriquecimiento ilícito se desataron durante la administración de Taddei y que el gobierno no está abordando con la seriedad debida el deterioro institucional del órgano electoral.
Además, convocó a otras fuerzas de oposición a instalar una mesa de diálogo para cuidar los eslabones pendientes del proceso electoral y defendió la necesidad de reconstruir un árbitro ciudadano confiable.
Sheinbaum, por su parte, ha insistido en que el problema de la concentración de contratos no surgió con Taddei y que existen antecedentes de años atrás. En su respuesta del viernes reiteró que las declaraciones se basan en hechos documentados y que no retirará sus dichos.
El episodio se inserta en un contexto de tensión política en torno al INE. Mientras el gobierno federal presenta la investigación como parte de un esfuerzo de transparencia y combate a irregularidades en contrataciones, Somos la interpreta como un intento de desviar la atención y de involucrar a una fuerza de oposición en una trama sin sustento. Ambas partes coinciden en que el organismo electoral atraviesa una crisis de confianza, aunque discrepan de manera profunda sobre las causas y los responsables.
Hasta el momento, la demanda anunciada por Somos no ha sido formalizada ante las autoridades judiciales. El gobierno mantiene que la información presentada es pública y verificable. El debate continúa abierto en el ámbito político y mediático.
