Opinión Por: David Olivo

De órganos autónomos a oficinas de gobierno

El pasado mes de febrero de este año, el presidente de México mandó 20 iniciativas de reforma constitucional, de las cuales ya ha dicho un servidor que podemos encontrar unas de beneficio social para todas y todos. Pero hay otras iniciativas que no solo son polémicas, sino que de aprobarse e implementarse atentan contra la sociedad, tales como la reforma al Poder Judicial de la Federación o la desaparición de diversos órganos autónomos que son clave para nuestra estabilidad y progreso económico… justo en ellos quisiera detenerme más hoy.

La iniciativa plantea, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Carta Magna, en materia de simplificación orgánica, a fin de transferir las facultades y obligaciones de 7 organismos autónomos a las dependencias de la administración pública, de tal suerte que desaparecen:

• La Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) y se transfieren sus facultades a la Secretaría de Economía.

• El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y se atribuyen sus facultades a la Secretaría de Hidrocarburos, Comunicaciones y Transportes.

• El Consejo Nacional de Evaluación a la Política de Desarrollo Social y se transfieren facultades al INEGI.

• El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública (INAI) y se transfieren facultades a diversas dependencias como la Secretaría de la Función Pública, el Órgano de control y disciplina del Poder Judicial, por mencionar algunas y los órganos de control de los organismos constitucionales, por mencionar algunos.

• La Comisión Nacional de Hidrocarburos y se transfieren sus facultades a la Secretaría de Energía.

• La Comisión Reguladora de Energía y se transfieren sus facultades a la Secretaría de Energía.

• El Sistema Nacional de Mejora Continua a la Educación y se transfieren sus facultades a la Secretaría de Educación Pública.

En primera instancia, lo más grave es que con la extinción de estos órganos de los sectores comercial y energético se pone en riesgo la estabilidad económica de México. El economista y exsubsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía Juan Carlos Baker explicó recientemente en una entrevista para Excélsior que esto pone en riego los tratados y relaciones comerciales de México en países como Estados Unidos, Canadá, Japón, Nueva Zelanda y Australia, ya que el IFT, la Cofece, el Inai, la CRE y la CNH están incluidos en tratados como el T-MEC y en el TPP-11… aunque los legisladores del oficialismo digan lo contrario.

Ahora bien, ¿Por qué tanta premura en la eliminación de estos órganos autónomos y como se les garantizaría escenarios de competencia a los inversionistas? Morena y sus aliados desean aumentar las funciones del gobierno federal, ya que prácticamente sus diversas secretarías asumirían las funciones, además de ahorrar el dinero e invertirlo en el Fondo de Pensiones para el Bienestar.

Según el dictamen que actualmente trabaja la Comisión de Puntos Constitucionales y que será discutido con posterioridad, entre 2018 y 2024, los organismos autónomos que pretenden desaparecer recibieron 32 mil 313 millones 546 mil pesos, lo que equivale a 5 millones 385 mil pensiones bimestrales para el Bienestar de Personas Adultas Mayores.

En general no está mal la idea de eficientar funciones ni de perfeccionar el funcionamiento de los órganos autónomos, pero ello no significa que deba demolerse el trabajo que realizan estos órganos autónomos y que permiten la fluctuación económica precisamente para que los programas sociales sean sostenibles en un futuro.

Si bien instituciones como BBVA México han determinado con datos duros que la pobreza a nivel nacional se redujo de 41.9% a 36.3% de 2018 a 2022 y que los programas sociales han contribuido a ello, podrían no ser sostenibles financieramente para el país, sobre todo si se realizan con una adecuada estrategia a futuro, en la opacidad y sin reglas claras de operación, tal y como ha advertido en incontables ocasiones el CONEVAL, refiriéndose a los programas sociales y políticas públicas en las que realiza sus mediciones.

Pareciera que el oficialismo pretende crear una burocracia especializada… Y francamente tengo mis dudas de que pueda ser sostenible con el paso de los años. Sería mejor para la sociedad mexicana en general que Morena y aliados recapaciten sobre los daños que ya han hecho sus decisiones extremas como desaparecer el Seguro Popular y que busquen la forma de perfeccionar lo que ya tenemos y que sí ha dado resultados en aras de generar más trabajo y actividad económica.

México no necesita ser un estado paternalista, sino una tierra de oportunidades. ¿Qué sería de las y los mexicanos sin instituciones como el CONEVAL, el INAI o el INEGI, cuyos estudios dan cuenta de la realidad de nuestro país? ¿Podríamos confiar en que la burocracia de la 4T realizaría dichos trabajos con esa calidad? Francamente lo dudo…

* Las declaraciones y opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de quien las escribe y firma, y no representan el punto de vista de Enboga.