La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó con 26 votos a favor y 14 en contra la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, incluyendo nuevas figuras como la extorsión, el narcomenudeo, y delitos relacionados con la producción, distribución y almacenamiento de drogas sintéticas como el fentanilo.
La reforma al Artículo 19 constitucional también abarca delitos fiscales, como la defraudación y la emisión de comprobantes fiscales falsos.
En el centro del debate, la oposición Movimiento Ciudadano, PAN y PRI, cuestionó la medida por considerarla violatoria de los derechos humanos y la presunción de inocencia.
Braulio López, de Movimiento Ciudadano, indicó que la medida es un retroceso en materia de derechos humanos y seguridad, considerando que no ha demostrado eficacia en la reducción de la criminalidad en delitos ya contemplados bajo esta figura.
“No nos vayamos con un populismo punitivo que ha hecho mucho daño”, afirmó.
Paulina Rubio, diputada del PAN, alertó sobre el impacto negativo que la medida podría tener en los sectores más vulnerables, quienes suelen ser los más afectados por la falta de recursos para una defensa adecuada.
“La ampliación del catálogo solo generará efectos perversos, facilitando el uso de la prisión preventiva como una salida fácil por parte de las fiscalías”, señaló.
Rubén Moreira, coordinador del PRI en San Lázaro, advirtió sobre el riesgo de retroceder en los avances del sistema penal acusatorio.
“Diversos organismos internacionales han señalado que la prisión preventiva oficiosa lesiona las garantías individuales”, indicó.
Asimismo, Moreira citó recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En contraste, los legisladores de Morena y sus aliados defendieron la reforma como una herramienta necesaria para enfrentar el incremento de delitos graves. Leonel Godoy, vicecoordinador de Morena, destacó la necesidad de proteger a las víctimas y no a los presuntos delincuentes.
“La coyuntura actual amerita la ampliación del catálogo. En unos años, revisaremos si fue eficiente”, puntualizó.
El dictamen aprobado incluye una reserva propuesta por Morena que obliga a los jueces a aplicar la prisión preventiva de forma literal, prohibiendo cualquier interpretación análoga o extensiva que permita su inaplicación o modificación.
Juan Ramiro Robledo, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, justificó la medida señalando que se busca evitar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueda anular decisiones del Congreso en esta materia.
