Francisco García Contreras, juez Segundo de Distrito en Colima, ha decidido denunciar penalmente e imponer una multa de 54 mil 285 pesos a los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) por desacatar una suspensión que frenó la implementación de la reforma judicial.
Esta medida fue dada a conocer este lunes y forma parte del juicio de amparo 1125/2024. El juzgador destacó que, debido al incumplimiento por parte del órgano electoral, se dio vista a la Fiscalía General de la República (FGR).
El 4 de noviembre, García Contreras ya había impuesto una multa idéntica a los consejeros, lo que eleva el monto total de las sanciones a 108 mil 570 pesos por cada consejero del INE. En este contexto, el juez les pidió por tercera ocasión que cumplieran con la suspensión, dándoles un plazo de 24 horas para acatar la decisión.
Demandan cumplimiento de las suspensiones
La magistrada Edna Lorena Hernández Granados instó al INE a cumplir con las suspensiones, argumentando que, si se acatara la medida, el instituto tendría el tiempo necesario para organizar adecuadamente la elección de los juzgadores, en caso de que la reforma resulte constitucional tras el juicio de amparo. “Si tan sólo el INE cumpliera con la suspensión, tendría el tiempo que requiere y necesita para hacer una correcta planificación”, indicó Hernández Granados.
Además, la magistrada señaló que sin los recursos adecuados, no sería posible llevar a cabo de manera adecuada el ejercicio de elección de los juzgadores. “Si tiene un presupuesto (limitado), ¿esto implica que se va a comprometer la transparencia del proceso electoral? Eso es un riesgo para todos los mexicanos, para todos los que reciben una administración de justicia”, advirtió.
Durante la conferencia matutina de los juzgadores, la magistrada Julia María García recordó que la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, ha solicitado prórrogas y más recursos para llevar a cabo el proceso de elección, pero sus peticiones han sido rotundamente rechazadas. García también cuestionó el incumplimiento por parte del INE y expresó su preocupación por la “prisa” que ha mostrado el poder político para llevar a cabo esta reforma judicial.
“Nunca hemos entendido cuál ha sido la prisa del poder político para llevar a cabo esta reforma tan trascendente en nuestro país”, apuntó.
Esta situación resalta el creciente conflicto entre el INE y el poder judicial, mientras se continúa con la implementación de la reforma judicial y la organización del proceso electoral, en medio de un contexto de disputas legales y políticas que podrían marcar un hito en la historia reciente del sistema judicial mexicano.
