El Senado de la República aprobó la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para 2025, con una proyección de ingresos totales de 9.3 billones de pesos, marcados principalmente por el cobro de impuestos, las ventas de Pemex y la deuda pública.
La propuesta recibió 83 votos a favor y 36 en contra, siendo respaldada mayoritariamente por Morena y sus aliados, mientras que la oposición, incluidos legisladores de Movimiento Ciudadano, cuestionó duramente las estimaciones y el impacto del endeudamiento.
Alejandra Barrales Magdaleno, senadora de la bancada naranja, criticó la falta de realismo en las proyecciones macroeconómicas del gobierno, señalando que los ingresos proyectados no corresponden con las condiciones económicas actuales.
“De aprobar una Ley de Ingresos que está sustentada con datos irreales, las consecuencias van a ser mayúsculas”, advirtió.
Barrales también destacó que la prioridad del dictamen es el pago de intereses de la deuda, lo cual representa un riesgo para el manejo financiero del país.
La Ley de Ingresos estima un crecimiento económico anual de entre 2.0% y 3.0%, con un tipo de cambio promedio de 18.5 pesos por dólar y un precio del barril de petróleo de exportación en 57.8 dólares. Sin embargo, para Movimiento Ciudadano, estas cifras son optimistas y carecen de respaldo suficiente ante un contexto global de incertidumbre. Según la emecista, esta disparidad se percibe como un reflejo de las prioridades del gobierno.
Proyecciones y críticas de la oposición
Además de Movimiento Ciudadano, otras bancadas como el PRI y el PAN expresaron su rechazo a la Ley de Ingresos. Néstor Camarillo Medina, del PRI, afirmó que el dictamen refleja una mala gestión de los recursos públicos, con apenas el 10% del presupuesto destinado a inversiones productivas.
Por su parte, el senador del PAN, Ricardo Anaya, también enfatizó que los recursos destinados al pago de intereses de la deuda pública para 2025, equivalentes a 1.388 billones de pesos, superarán ampliamente los recursos destinados a infraestructura, estimados en 836,600 millones de pesos.
La panista Guadalupe Murguía calificó la propuesta como “fuera de la realidad”, argumentando que las proyecciones de recaudación y crecimiento económico no son congruentes con las estimaciones de organismos internacionales.
En el documento aprobado, se contemplan ingresos tributarios por 5.2 billones de pesos, ventas petroleras por 1.5 billones y financiamiento por 1.2 billones, lo que refleja una creciente dependencia de la deuda pública. Para Petróleos Mexicanos (Pemex), se autorizaron hasta 143,403 millones de pesos en deuda interna y 5,512 millones de dólares en deuda externa, mientras que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) podrá contraer una deuda interna de 10,027 millones de pesos y externa de 991 millones de dólares.
Posición oficial y objetivos
En defensa del dictamen, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, presidente de la Comisión de Hacienda, destacó que la Ley de Ingresos prioriza la justicia social y busca garantizar un crecimiento sostenible.
“Es una declaración de principios y compromisos con el pueblo de México”, aseguró.
Morena argumentó que la propuesta incluye medidas como la digitalización y mayor eficiencia tributaria, además de programas de descuentos fiscales para apoyar a pequeñas empresas con ingresos menores a 35 millones de pesos anuales.
El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Enrique Inzunza, explicó que el dictamen fortalece sectores clave como Pemex y CFE, cuyas ganancias serán esenciales para alcanzar las metas de recaudación. Además, se estipula que los recursos provenientes de la desaparición de órganos autónomos se concentren en la Tesorería de la Federación para financiar el Fondo de Pensiones para el Bienestar.
Aprobación y destino
La LIF 2025 fue enviada al Ejecutivo para su promulgación, con la promesa de priorizar programas sociales y reducir desigualdades. Sin embargo, las críticas de Movimiento Ciudadano y otros sectores de la oposición resaltan los riesgos asociados al alto endeudamiento y la falta de claridad en el destino de los recursos.
Para el partido naranja, este dictamen representa una oportunidad perdida para implementar políticas más responsables y acordes con las necesidades reales de la población.
