El senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, cuestionó duramente la Ley Federal de Derechos (LFD) para 2025, aprobada por el Senado con 79 votos a favor, 38 en contra y ninguna abstención.
Desde la tribuna, el legislador señaló que las modificaciones tendrán un impacto negativo en el turismo, particularmente en los cruceros, al establecer cobros que calificó como los más altos en la región.
Colosio Riojas explicó que el aumento al derecho para pasajeros de cruceros marítimos colocará a México en una posición desfavorable en comparación con otros países, con una tarifa 213% superior al promedio regional. Según el legislador, esta medida podría disuadir a los operadores de cruceros de incluir puertos mexicanos en sus rutas, afectando directamente a las comunidades que dependen de esta actividad económica.
Asimismo, Movimiento Ciudadano expresó su preocupación por la centralización de los recursos derivados de estos cobros. Colosio Riojas destacó que los ingresos previamente destinados a la promoción turística o a comunidades locales ahora se integrarán a la Tesorería de la Federación sin un destino específico, lo que, a su juicio, refleja una falta de visión federalista.
Aprobación en el Senado
A pesar de las críticas, la Ley fue aprobada sin modificaciones en lo general y lo particular. Con esta legislación, el gobierno federal espera recaudar 374 mil 400 millones de pesos en 2025 por concepto de derechos, aprovechamientos y productos. De ese monto, 137 mil 500 millones corresponden exclusivamente a derechos, que incluyen incrementos significativos en actividades como minería, turismo y áreas naturales protegidas.
Incrementos y ajustes
Entre las medidas aprobadas se encuentra un aumento en los derechos por la explotación minera, con el derecho especial subiendo de 7.5% a 8.5% y el derecho extraordinario de 0.5% a 1%. Según el dictamen, estos recursos serán utilizados en programas de bienestar social, aunque la oposición cuestionó la falta de claridad en su aplicación.
En el ámbito migratorio, se incrementará la cuota para pasajeros de vuelos internacionales que abandonan el país, destinando el 83% de estos recursos a modernización y control migratorio en el sur de México, mientras que el resto irá a la Tesorería. Además, se eliminó la exención de pago por uso del espacio aéreo mexicano para escuelas de aviación, lo que generará ingresos adicionales.
Para las áreas naturales protegidas, se ajustarán las tarifas de acceso en múltiplos de cinco pesos con el objetivo de simplificar el proceso de cobro y fortalecer la conservación ambiental.
Críticas desde la oposición
Legisladores de otros partidos se sumaron a las críticas de Movimiento Ciudadano. La senadora del PAN, Mayuli Martínez Simón, calificó la LFD como un ejemplo de “populismo fiscal” y denunció que fondos previamente etiquetados, como el Fondo Minero y el de turismo, serán absorbidos por la Tesorería sin un propósito claro.
El senador independiente Manlio Fabio Beltrones señaló que la centralización de recursos afecta al federalismo y dificulta que estados y municipios atiendan sus propias necesidades. Ejemplificó esta problemática con programas como el “Bacheton”, que el gobierno federal busca implementar en competencias estatales y municipales.
Exenciones y destino de recursos
El dictamen también incluye exenciones de pago para actividades relacionadas con protección civil y para pueblos y comunidades afromexicanas en el uso de telecomunicaciones. Además, se especificó que el 60% de los ingresos derivados de los derechos aeroportuarios será destinado a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el 40% a la Secretaría de Marina.
Aunque el gobierno federal argumentó que estas medidas fortalecerán la recaudación y garantizarán el financiamiento de programas sociales, Movimiento Ciudadano y otros partidos opositores manifestaron que la Ley Federal de Derechos representa un retroceso en el federalismo y una amenaza para sectores estratégicos como el turismo.
