El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dado luz verde este martes a las redadas migratorias en lugares previamente considerados “protegidos” como escuelas, iglesias y hospitales. Esta medida revoca una directriz emitida por la Administración de Joe Biden en 2021, que instruía a las autoridades migratorias a evitar llevar a cabo arrestos o redadas en estos espacios sensibles.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) justificó la decisión al afirmar que “empodera” a los agentes de migración para que “sigan las leyes” y capturen a los llamados “criminales extranjeros”. Según un comunicado del DHS, la medida es parte de un esfuerzo para cumplir con las promesas de la administración Trump de reforzar las políticas de inmigración y seguridad.
El comunicado agregó que hay “criminales” que se “esconden en las escuelas y las iglesias” para evadir ser arrestados, aunque no se proporcionaron pruebas ni ejemplos específicos para respaldar esta afirmación. La decisión se produce un día después de que Trump asumiera la presidencia, reiterando su compromiso de llevar a cabo la mayor campaña de deportaciones de migrantes en la historia de Estados Unidos, tal como había prometido durante su campaña electoral.
La directriz revocada había sido emitida por el Gobierno de Biden en 2021 con el objetivo de proteger el acceso de los migrantes a servicios esenciales. Entre los lugares que se consideraban “protegidos” se incluían no solo las escuelas y hospitales, sino también las iglesias, albergues para víctimas de violencia doméstica, funerales, manifestaciones y centros de ayuda en situaciones de desastre natural.
Con esta nueva medida, el Gobierno de Trump asegura que reforzará la seguridad en el país y que los agentes migratorios tendrán mayor libertad para actuar en la captura de aquellos que califican como “criminales”. Sin embargo, la decisión ha generado preocupación entre defensores de los derechos civiles y organizaciones que abogan por la protección de los inmigrantes, quienes temen que esta medida pueda poner en riesgo a muchas personas que dependen de estos lugares para acceder a servicios esenciales sin temor a ser arrestadas.
