El Senado de la República aprobó la nueva Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), generando un fuerte debate entre los sectores políticos. La iniciativa ya ha sido enviada al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Actualmente, los trabajadores formales cuentan con un fondo de ahorro destinado a la adquisición de vivienda, con un monto superior a los 2 billones de pesos. Estos fondos pueden utilizarse para comprar una casa durante la vida laboral, al momento del retiro o como herencia.
Sin embargo, la nueva ley introduce cambios en la gestión de estos ahorros. Se contempla la creación de una empresa filial del Infonavit, encargada de administrar los 2.5 billones de pesos en subcuentas de derechohabientes para la construcción de viviendas. Esta empresa deberá establecerse dentro de los 30 días posteriores a la entrada en vigor de la reforma.
El sistema de vivienda con orientación social estará basado en tres ejes principales:
- Otorgar créditos accesibles para trabajadores con ingresos menores a dos salarios mínimos.
- Un plan de desarrollo que permita al Infonavit comprar terrenos, recibir donaciones y construir inmuebles.
- Arrendamiento social con opción a compra, asegurando que el pago no exceda el 30% del salario del trabajador.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido la reforma, argumentando que busca combatir la corrupción en el sector, garantizar la transparencia en el uso de los recursos de los trabajadores y fomentar la participación de desarrolladores privados en la construcción de vivienda social.
Por su parte, el director del Infonavit, Octavio Oropeza, afirmó que la creación de una empresa constructora es indispensable para revertir la disminución en la construcción de vivienda de interés social en la última década, reduciendo costos y tiempos de producción.
Rechazo de la oposición y preocupaciones
Los partidos opositores PAN, PRI y Movimiento Ciudadano han criticado la reforma, denunciando que el Gobierno busca apropiarse de los ahorros de los trabajadores. Además, han expresado preocupaciones sobre la falta de transparencia y rendición de cuentas de la nueva empresa constructora, lo que podría generar riesgos de corrupción.
La reforma sigue generando controversia y se espera que su aplicación traiga nuevos debates en torno a su impacto en los trabajadores y el sector inmobiliario.
