El Instituto Nacional Electoral (INE) se dispone a implementar un mecanismo para cancelar candidaturas en la próxima Elección Judicial de aquellas personas que cuenten con sentencias firmes por delitos o que sean deudores alimentarios.
La institución creará un grupo interdisciplinario que analizará casos específicos, aunque no realizará una investigación exhaustiva de todos los aspirantes, sino únicamente de quienes sean objeto de denuncias formales ante la autoridad electoral.
El acuerdo, que todavía requiere aprobación del Consejo General del INE, contempla la creación de un portal de internet en los próximos días para recibir denuncias tanto de organizaciones civiles como de ciudadanos.
La legislación actual establece que no podrán participar en la contienda quienes sean considerados prófugos de la justicia o tengan sentencias por delitos contra la vida, la integridad corporal, delitos sexuales, violencia familiar, doméstica o política contra las mujeres.
Según explicó la consejera electoral Claudia Zavala, aunque la reforma judicial no otorgó al INE facultades específicas para dictaminar la elegibilidad de los candidatos, sí le corresponde la calificación de los resultados electorales.
“El tiempo del que disponemos y los recursos son muy cortos, este es el trabajo operativo que nos podría llevar a hacer una revisión, sobre todo en aquellos casos donde haya un cuestionamiento”, señaló.
