El Senado de la República arrancó el día de ayer el primero de seis conversatorios programados para analizar y eventualmente modificar la iniciativa presidencial que plantea la creación de una nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión. La propuesta ha sido calificada como una “Ley Censura” por parte de la oposición, al considerar que representa un retroceso en materia de derechos y libertades.
El senador Javier Corral, moderador del conversatorio, destacó la relevancia de este ejercicio de diálogo, en el que participarán 25 especialistas seleccionados de una lista de más de 70 interesados. La primera en tomar la palabra fue Marina Martínez Flores, presidenta de Radio Independiente de México A. C., quien argumentó que el sector de la radiodifusión en el país se encuentra “sobrerregulado” y que es necesario revisar las cargas normativas existentes.
Por su parte, el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano urgió al bloque mayoritario en el Senado, encabezado por Morena, a incorporar las preocupaciones manifestadas por las y los expertos que participaron en este primer encuentro. El coordinador de la bancada, Clemente Castañeda, señaló que la mayoría de los ponentes coincidieron en que la iniciativa es regresiva y representa un intento por silenciar voces críticas, además de comprometer el desarrollo del sector.
Entre los puntos que generaron mayor preocupación destacan:
- La creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, a la que se le otorgarían amplias facultades sin contrapesos, permitiendo acciones discrecionales.
- El establecimiento del padrón nacional de usuarios de telefonía móvil, considerado una amenaza al derecho a la privacidad.
- La posible violación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), al no garantizar la autonomía del organismo regulador en telecomunicaciones.
Castañeda fue enfático al decir que el conversatorio solo tendrá un impacto real si “Morena y la mayoría parlamentaria atienden con seriedad los planteamientos y realizan cambios sustantivos al dictamen”.
En el mismo sentido, la vicecoordinadora Alejandra Barrales advirtió que existe una “preocupación prácticamente unánime” entre los expertos respecto al impacto que tendría la ley sobre la libertad de expresión y la competencia regulada. “Nos parece que esto nos sigue dando la razón: esta es una iniciativa que afecta la libertad de expresión y rompe con las garantías de una competencia leal en el sector”, afirmó.
El Senado continuará con los conversatorios en los próximos días, donde se espera que sigan acumulándose observaciones críticas al contenido de la iniciativa. Mientras tanto, la presión sobre la mayoría legislativa crece, en un intento por frenar lo que algunos ya califican como un retroceso democrático.
