En un fallo sin precedentes en la historia democrática de Colombia, la jueza Sandra Liliana Heredia Aranda, del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, declaró al expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002‑2010) culpable por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, lo que convierte a Uribe en el primer exmandatario del país condenado penalmente.
¿De qué se le acusaba?
El origen del juicio data de 2012, cuando el entonces senador Iván Cepeda acusó a Uribe de tener vínculos con grupos paramilitares en Antioquia y presentó testimonios de excombatientes que respaldaban esa versión. En respuesta, Uribe demandó a Cepeda por manipulación de testigos, lo que derivó en una investigación en su contra. Para entonces, la Corte Suprema determinó que no había pruebas contra Cepeda, pero sí suficientes indicios de que Uribe y su abogado, Diego Cadena, habían intentado sobornar a personas privadas de libertad para retractarse o cambiar su versión en su beneficio.
Durante el juicio oral, la Fiscalía presentó grabaciones, interceptaciones telefónicas y declaraciones de testigos como Juan Guillermo Monsalve, quien confirmó que se le ofrecieron beneficios para modificar su testimonio en favor de Uribe y en perjuicio de Cepeda.
¿Qué determinó la jueza?
Tras una audiencia que superó las diez horas, la jueza Heredia concluyó que existió una “conducta dolosa y reiterada” destinada a alterar el curso del proceso judicial. Afirmó que la manipulación de testigos quedó plenamente acreditada. El fallo establece que Uribe incurrió en soborno en actuación penal en tres oportunidades (concurso homogéneo) y en fraude procesal como conducta adicional (concurso heterogéneo
Aunque fue absuelto de un tercer cargo —cohecho simple— el veredicto dejó claro el carácter simbólico y legal del juicio: la justicia colombiana nunca antes había condenado a un expresidente en una instancia ordinaria.
Consecuencias legales y penales
La pena prevista por los delitos podría oscilar entre seis y doce años de prisión. La lectura definitiva de la sentencia está programada para el 1 de agosto de 2025, mientras que la fiscalía ha solicitado hasta nueve años de prisión y una multa equivalente a alrededor de 1 458 millones de pesos colombianos (unos 349 000 dólares).
La defensa de Uribe, dirigida por el abogado Jaime Granados, ha confirmado que presentará recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Bogotá y, eventualmente, ante la Corte Suprema.
La Razón
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Repercusiones políticas e institucionales
Este fallo llega en un momento crítico para la política colombiana: faltan menos de doce meses para las elecciones presidenciales de 2026. La sentencia puede debilitar al Centro Democrático, partido fundado por Uribe, o bien reforzar su narrativa de persecución judicial, según el curso que tomé el proceso.
El presidente Gustavo Petro ha declarado públicamente que su deber es respetar la independencia judicial y con ello fortalecer el Estado de Derecho. Por su parte, políticos y analistas internacionales se han atento a las señales que este fallo envía sobre la capacidad de la justicia colombiana para actuar sin miedo ante el poder político .
Punto de inflexión
El fallo contra Álvaro Uribe representa un punto de inflexión jurídico e histórico para Colombia: el primer expresidente condenado por delitos relacionados con manipulación judicial, lo que abre una nueva etapa de exigencia institucional y política en la que la justicia ordinaria actúa con plena autonomía.
Si bien el proceso de apelaciones aún puede extender el caso varios años, el antecedente ya está sentado. La sentencia no solo golpea la carrera política del uribismo, sino que redefine los límites del poder en una democracia que ha luchado por superar la impunidad.
