La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Campeche formalizó ante la Cámara de Diputados una solicitud de juicio de procedencia en contra de Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI y senador, por presuntos delitos de peculado y uso indebido de atribuciones que habrían generado un presunto desvío de 83 millones 508 mil pesos.
La acusación está sustentada en cuatro carpetas de investigación formalmente judicializadas que vinculan a Moreno con distintos esquemas de corrupción durante su mandato como gobernador de Campeche, entre 2015 y 2019. Además, se tienen vinculadas a proceso a 17 personas, incluidos exfuncionarios de su gobierno; dos de ellos obtuvieron un criterio de oportunidad para colaborar con la Fiscalía.
Casos emblemáticos identificados en las investigaciones:
Servicios simulados en la Secretaría de Seguridad Pública de Campeche (SSPCAM): se presume el desvío de al menos 27.2 mdp mediante facturación falsa, con prestanombres que declararon haber recibido solo 4 mil pesos por su documentación personal.
Contratos a la empresa Comercializadora Karybek / C&N Consultoría: por asesorías jurídicas y fiscales por 23.8 mdp con la Administradora Portuaria Integral de Campeche (APICAM), sin evidencias de ejecución del servicio. Moreno presidía la Junta de Gobierno de APICAM en ese momento.
Pagos a la televisora Mayavisión desde Comunicación Social: contratos sin respaldo documental por 14.1 mdp, atribuibles a la venta disfrazada de publicidad gubernamental. El extitular de Comunicación Social y el director de la televisora están vinculados a proceso.
Desfalco en la Plaza Colosio (mercado de artesanías): implicó 18.2 mdp por compra de terreno a un amigo de Moreno y posterior renta irregular de locales a particulares; el desarrollo no cumplió con su fin social. Se han vinculado a proceso a seis personas involucradas.
Respuesta de “Alito” Moreno
En entrevista con El Universal, Moreno Cárdenas calificó la solicitud de desafuero como un “distractor más del narco gobierno de Morena”, acusando al partido en el poder de intentar desviar la atención pública ante otros escándalos. Afirmó que anteriormente “les gané todo legalmente” y que las imputaciones no tienen fundamento, insistiendo en que las acusaciones son falsas y parte de una fabricación política
Según él, no hay evidencia que respalde las imputaciones; lo único que buscan, dijo, es “hacer patético el intento” de dañarlo políticamente y distraer del “narco gobierno” de Morena. “Es un distractor, como siempre, simplemente no hay que caer en el juego del gobierno para generar sus distractores, porque se están cayendo a pedazos”, declaró.
Contexto político y siguientes pasos
La petición de desafuero fue entregada a la Secretaría General del Congreso el 23 de julio de 2025 y turnada a la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, que decidirá si retira o mantiene el fuero constitucional al líder priista para permitir su enjuiciamiento.
Esta es la segunda ocasión que se promueve su desafuero: una primera tentativa en 2023, vinculada a presunto enriquecimiento ilícito, no prosperó.
Conclusión
La solicitud de desafuero contra Alejandro Moreno representa un nuevo frente legal para el líder del PRI, impulsado por un supuesto desvío millonario durante su gestión como gobernador de Campeche. Mientras la Fiscalía estatal avanza con evidencia y procesos judicializados que vinculan a decenas de personas, Moreno responde con una narrativa de persecución política y acusa al partido en el poder de manipulación mediática en el contexto de los escándalos que rodean al partido en el poder. Ahora corresponde a la Cámara de Diputados decidir si procede o no con la remoción del fuero y el inicio formal de un juicio penal.
