En una maniobra legislativa emblemática del estilo morenista, el Congreso de Campeche aprobó hoy —en fast track y con 18 votos a favor frente a 13 en contra— una reforma a la Ley de Expropiaciones que faculta al gobierno de Layda Sansores para despojar a particulares de sus predios bajo el ambiguo criterio de “utilidad pública”.
Presentada como una solución a la carencia de suelo destinado a infraestructura y vivienda social en la capital, esta reforma consolida en el Ejecutivo estatal un poder casi absolutista sobre bienes privados. La declaratoria de utilidad pública se considerará notificada desde que se publique en el Periódico Oficial del Estado, incluso aunque la notificación personalizada ni siquiera llegue a destino.
Los propietarios afectados dispondrán apenas de cinco días hábiles para defenderse —en contraste con los quince que establece la ley federal—, y si no comparecen, el Estado tomará posesión inmediata del bien.
Juez y parte: la Secretaría de Finanzas al mando del avalúo
Para despachar el monto de indemnización, el gobierno recurre a su propia Secretaría de Finanzas, fungiendo simultáneamente como parte acusadora y perito evaluador. La ley permite pagos en abonos hasta en diez años, muy por encima de los 45 días que marca la normatividad federal. Esta regla, lejos de ser técnica, apunta a reducir arbitrariamente el costo político de estas expropiaciones.
Desde la oposición no tardaron en vislumbrar una operación maquillada. Se dice que esta reforma tiene una “dedicatoria” implícita al exgobernador y actual senador Alejandro Moreno Cárdenas —acusado de enriquecimiento ilícito y con múltiples propiedades en la zona—, muchas de ellas adquiridas a bajo costo o por supuestos arreglos políticos.
Tal como lo advirtieron legisladores del PRI y Movimiento Ciudadano, la reforma cierra casi todas las vías de recurso administrativo. Para evitar la expropiación, solo resta el juicio de amparo, cuyo acceso implica recursos económicos y legales al alcance de pocos.
Una reforma que despeja el camino al autoritarismo inmobiliario
Presentada como una modernización necesaria, esta reforma pone en jaque la propiedad privada y fortalece la discrecionalidad del Ejecutivo campechano. El Gobierno de Sansores apuesta por el poder político y el control estatal sin contrapesos, relegando los derechos ciudadanos al olvido.
En este contexto, hablar de “utilidad pública” parece menos una garantía legal y más una cortina de humo para sanear una agenda política que huele a expropiación selectiva.
