En una entrevista concedida al periodista Ciro Gómez Leyva, Pedro Armentía, vicepresidente del Congreso del estado de Campeche y coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC), ofreció una explicación detallada de la compleja crisis política que atraviesa el Poder Legislativo campechano, marcada por fracturas internas, tensiones con el Ejecutivo estatal y la redefinición de alianzas que han puesto en jaque la gobernabilidad en la entidad.
Armentía inició su exposición con una cronología de los hechos que, desde su perspectiva, han erosionado la cohesión del Congreso local. Señaló que la discordia se gestó en noviembre pasado, cuando la votación de la Ley de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal 2026 generó una fuerte disensión dentro de la bancada de Morena. Ese proyecto, ligado a un planteamiento estatal para autorizar un endeudamiento, fue motivo de profundas diferencias internas que, pese a la eventual aprobación de la ley antes del 17 de diciembre, dejaron al bloque morenista seriamente fracturado. Fue apenas con el inicio del actual periodo ordinario, a principios de febrero, que esas diferencias se manifestaron de manera abierta, impidiendo a los diputados morenistas consensuar la integración de la Mesa Directiva y abriendo espacio político para que Movimiento Ciudadano, como segundo grupo mayoritario, accediera a esa posición. Este cambio en la dirección del Congreso, dijo Armentía, cristalizó un “pleito” entre el gobierno estatal, encabezado por la gobernadora Layda Sansores, y el Legislativo, pues la nueva mayoría plural desplazó a los afines al Ejecutivo en la mesa. Este proceso ha ocurrido en un contexto de fractura generalizada en Morena, donde al menos diez de sus 16 diputados locales rompieron con la gobernadora acusándola de persecución política, especialmente después de un enfrentamiento por el endeudamiento público incluido en la ley de ingresos.
Uno de los temas más controversiales que rodea al conflicto es la restauración del fuero constitucional para los legisladores, figura que había sido eliminada en 2016 y que fue recuperada en una sesión reservada en el Congreso. Armentía defendió la decisión y explicó que, aunque el proceso se dio sin una iniciativa pública oficial ni turnos formales, se trató de una medida de protección “de Morena versus Morena”, en referencia a la disputa interna de ese partido, y no de una ofensiva de la oposición, como algunos críticos han interpretado. Por ley, aclaró, los detalles de lo que ocurre en sesiones reservadas no pueden hacerse públicos, pero refutó categóricamente que existan iniciativas firmadas o turnadas a municipios sobre ese particular. La restauración del fuero, según medios regionales, fue aprobada en un ambiente de tensión política que incluyó presencia de policías ministeriales alrededor del Palacio Legislativo y versiones de intentos de detención de diputados, algo que ni la Fiscalía estatal ha confirmado de manera oficial pero que contribuyó a elevar la desconfianza entre poderes.
La disputa interna de Morena, además, ha tenido repercusiones prácticas en la dinámica legislativa. La elección de Paul Alfredo Arce Ontiveros, diputado de Movimiento Ciudadano, como presidente de la Mesa Directiva —con apoyo de MC, PRI, PAN, PT y PVEM— desplazó al bloque tradicionalmente alineado con la gobernadora y marcó una reconfiguración de fuerzas que rompe con el control absoluto que había ejercido el oficialismo en años recientes.
Uno de los cuestionamientos más delicados que Gómez Leyva planteó a Armentía fue sobre el clima de seguridad y desarrollo democrático en Campeche. En la entidad han circulado narrativas sobre protestas policiales, presiones a periodistas y casos como el del exrector de la Universidad de Campeche, que en años recientes han puesto el foco en posibles tensiones entre la autoridad y actores de la sociedad civil. Armentía reconoció que la realidad de Campeche ha cambiado y que existe, en su percepción, un “estado de vulnerabilidad” marcado por presiones que pueden generar lo que describió como “psicosis colectiva”. Señaló que hay mensajes y señales que buscan inhibir la discrepancia política, incluidas advertencias sobre posibles represalias contra familiares o actores sociales críticos, y afirmó que ese tipo de prácticas “no pueden permitirse” en un sistema democrático.
El legislador de MC subrayó que, pese a las tensiones, su posición y la de su bancada es actuar con respeto institucional y apego a la ley. Rechazó que exista una campaña de miedo dirigida específicamente contra él o su grupo, aunque reconoció que las condiciones han llevado a un ambiente político donde disentir de la postura gubernamental puede conllevar costos personales y políticos. En ese sentido, enfatizó la importancia de que los actores políticos, incluyendo a los opositores, puedan “circular” y expresarse libremente sin temores, algo que en su visión debería ser un mínimo democrático pero que, dijo, no siempre se cumple plenamente en el contexto campechano actual.
La explicación de Armentía no solo dibuja un panorama de conflicto legislativo sino también de una pugna política más amplia en uno de los pocos estados donde la hegemonía de Morena se ha visto desafiada por un crecimiento sostenido de fuerzas opositoras como Movimiento Ciudadano, que en Campeche disputan no solo espacios legislativos sino también municipios clave. La mezcla de fracturas internas, disputas por el control de la agenda y tensiones con el Ejecutivo estatal hacen de este episodio uno de los más complejos en la reciente historia política de la entidad. En el centro de ese torbellino, la palabra del coordinador de MC no solo intenta dar contexto, sino también ofrecer una lectura de cómo puede evolucionar el equilibrio de poder en un Congreso que parece estar redefiniendo su rol frente al gobierno estatal y la ciudadanía.
