En una muestra de creciente tensión política e institucional en México, un amplio conglomerado de académicos, juristas, activistas y ciudadanos presentó oficialmente el Frente Amplio Democrático (FAD), una iniciativa civil que tiene como objetivo central impedir que prospere la reforma electoral que el gobierno federal quiere impulsar durante este mes en el Congreso de la Unión. El anuncio, hecho mediante un amplio comunicado público y respaldado por cerca de 400 firmas de figuras destacadas de distintos ámbitos, refleja la preocupación de sectores diversos por lo que consideran un intento de modificar las reglas del juego democrático sin el consenso amplio que históricamente ha caracterizado los procesos de reforma de gran calado en el país.
El comunicado fundacional del FAD, titulado “La reforma electoral: más allá de los plurinominales, una amenaza integral a la democracia”, expone de manera detallada que la discusión sobre la modificación del sistema electoral no debe circunscribirse a temas aislados, como la representación proporcional, sino que debe abordar de manera integral la autonomía de las instituciones clave, entre ellas el Instituto Nacional Electoral (INE), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs). Según el frente, diversas declaraciones públicas desde la Presidencia de la República, aun antes de que se presente un texto formal de la iniciativa, han dejado sobre la mesa definiciones que podrían comprometer pilares esenciales de la vida democrática mexicana.
En su declaración, los promotores advierten que modificar de manera significativa las reglas que rigen la competencia política sin acuerdos amplios podría debilitar la confianza ciudadana en las instituciones electorales y generar una incertidumbre política innecesaria. Subrayan que una reforma legítima requiere de diálogo plural y respeto a la autonomía institucional, y que la omisión de estos elementos esenciales podría traducirse en una regresión autoritaria que ponga en riesgo los equilibrios constitucionales alcanzados tras décadas de transición democrática.
Entre los firmantes se encuentran figuras emblemáticas de la transición democrática mexicana y de la academia, como el expresidente del INE José Woldenberg, la defensora de derechos humanos Mariclaire Acosta, el historiador Jean Meyer y el antropólogo Roger Bartra. Asimismo, el expresidente Vicente Fox también ha respaldado la iniciativa, en una señal del carácter amplio y plural del frente, que pretende unir a sectores tradicionalmente alejados en defensa de lo que consideran esenciales garantías democráticas.
El documento del FAD no solo critica la falta de consenso en torno a la reforma, sino que plantea una serie de preocupaciones concretas: la posible reducción del presupuesto del INE bajo el argumento de “abaratar las elecciones”, la disminución del financiamiento público a los partidos sin corregir asimetrías existentes, la elección popular de autoridades electorales que podría abrir la puerta a su captura política y la potencial desaparición o debilitamiento de los OPLEs, que en su visión son contrapesos necesarios para garantizar la equidad en las competencias regionales.
La postura del Frente Amplio Democrático también subraya que no se trata de oponerse al cambio como tal, sino de defender las reglas que permiten que la ciudadanía, con su voto libre, pueda poner y quitar a sus gobernantes. Hacen hincapié en que ninguna fuerza política debe contar con la mayoría calificada suficiente para reformar la Constitución sin haberse generado consensos amplios que trasciendan intereses coyunturales.
Este pronunciamiento se da en un contexto en el que el Gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, continúa afirmando que los cambios propuestos en la reforma electoral serán presentados en febrero y que “van a sorprender”, aunque hasta ahora no existe un documento final ni una fecha establecida para su envío formal al Legislativo. La mandataria ha defendido que la propuesta no busca debilitar al INE ni concentrar el poder, y ha insistido en que existe libertad de expresión y de manifestación para quienes critican la iniciativa, incluidas organizaciones como el FAD.
El debate, entonces, se instala en la primera línea de la agenda política nacional, en un momento en que diversos actores, tanto desde organizaciones civiles como desde partidos políticos como el Partido Verde Ecologista de México, han planteado condiciones o reservas sobre cómo debería abordarse la reforma electoral. Este cruce de visiones anticipa semanas de intensa deliberación pública y de confrontación política sobre el futuro del sistema electoral mexicano.
En suma, el nacimiento del Frente Amplio Democrático simboliza no solo una reacción contra una reforma aún no formalizada, sino un llamado explícito a preservar y fortalecer los consensos que han permitido, a través de las instituciones y mecanismos de contrapeso, la estabilidad democrática en México. El tiempo que transcurra hasta la presentación oficial de la iniciativa, y la forma en que actores políticos y sociales respondan a este desafío, serán claves para determinar si el país logra un acuerdo plural o si se profundizan las divisiones en torno a la redefinición de su arquitectura electoral.
