El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano (MC) en el Senado de la República, Clemente Castañeda, rechazó el dictamen que aprueba el informe de actividades de la Guardia Nacional para 2024, argumentando que carece de elementos suficientes para evaluar su impacto en la seguridad.
De acuerdo con el legislador, el ejercicio de control parlamentario que realiza el Senado debe llevarse a cabo con rigor y responsabilidad, en aras de fortalecer las instituciones del Estado mexicano.
En ese sentido, sostuvo que la discusión no gira en torno a la naturaleza militar o civil de la corporación, sino a la calidad del informe presentado.
“Lo que hoy discutimos son las deficiencias que contiene el informe de la Guardia Nacional que, paradójicamente, cumple con los 13 puntos establecidos por la ley, aunque año tras año nosotros lo hemos dicho, conocer cifras no equivale a evaluar el desempeño de la Guardia Nacional”, afirmó Castañeda.
El senador advirtió que los datos incluidos en el documento del Ejecutivo Federal se limitan a cifras y listados de nombramientos o despliegues, sin proporcionar herramientas para valorar de manera puntual el cumplimiento de los objetivos establecidos en la ley.
“Poco puede hacer este Senado de la República para ejercer esta facultad de control parlamentario con solo conocer nombramientos expedidos, despliegue territorial y números a secas de otra decena de indicadores”, subrayó.
Como ejemplo, el legislador mencionó que, aunque el informe reporta un despliegue de 137 mil elementos en 266 coordinaciones estatales, las cifras no reflejan coherencia con la realidad de los estados.
Castañeda citó el caso de Colima y Baja California Sur, entidades con poblaciones similares, pero con índices delictivos distintos, lo que dijo, cuestiona los criterios utilizados para la distribución de efectivos.
Asimismo, señaló que la Guardia Nacional reportó 10 mil 69 detenciones en 2024, de las cuales 4 mil 619 fueron de carácter administrativo. En su opinión, este dato evidencia que casi la mitad de las aprehensiones pudieron haber sido efectuadas por policías locales, lo que demuestra un uso sustituto de funciones.
“Esto nos dice que la corporación está realizando labores sustitutivas, no complementarias, y que no hay una visión de colaboración temporal como lo marca la ley”, indicó.
Castañeda recordó que, en 2018, la extinta Policía Federal logró más del doble de detenciones, alcanzando un total de 21 mil 702, con apenas una tercera parte del personal que actualmente integra la Guardia Nacional.
A su vez, mencionó que las policías estatales reportaron más de 161 mil detenciones por delitos del fuero común durante 2024, cifra que contrasta con la capacidad operativa de la Guardia.
En ese contexto, el senador consideró que, si bien el informe cumple formalmente con los requisitos de ley, resulta insuficiente para garantizar una verdadera rendición de cuentas.
“El informe no nos dice dónde se concentra la incidencia delictiva, ni los delitos que más atiende la Guardia Nacional, ni la incidencia directa que tiene sobre indicadores de seguridad que nos permitirían evaluar objetivamente su actuación”, sostuvo.
Castañeda Hoeflich insistió en que el Senado debe enfocarse en medir el impacto real de la corporación en la reducción de delitos y en la percepción de seguridad entre la población.
“Las preguntas de fondo que hoy deberían guiar este debate son cómo contribuyeron todas las actividades reportadas a disminuir la incidencia delictiva, la percepción de inseguridad y la paz social”, puntualizó.
El senador añadió que Movimiento Ciudadano ha propuesto en reiteradas ocasiones modificar el artículo 97 de la Ley de la Guardia Nacional para establecer indicadores de desempeño más claros, criterios objetivos para el despliegue de personal y mayor transparencia en el uso de la fuerza.
“Queremos una Guardia Nacional que rinda cuentas con datos, indicadores y transparencia. Por eso hemos propuesto clarificar los criterios del despliegue, evaluar con puntualidad los resultados, definir mejor el uso de la fuerza y especificar las medidas cautelares y de protección emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos”, señaló.
Finalmente, el legislador reconoció el trabajo del personal operativo de la Guardia Nacional, aunque cuestionó el diseño institucional impuesto desde el sexenio anterior.
“Nuestra crítica objetiva radica en el diseño institucional deficiente que impuso el Ejecutivo Federal desde el sexenio pasado y donde nunca hubo voluntad para establecer una corporación civil que rindiera cuentas”, concluyó.
