El Senado de la República aprobó con cambios el proyecto de reforma a la Ley Aduanera, con el objetivo de fortalecer y modernizar el sistema de comercio exterior, sin crear nuevas cargas fiscales.
De acuerdo con el dictamen aprobado, el decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2026, excepto la modificación al artículo 86 A, fracción primera, segundo párrafo, que comenzará a aplicarse el mes siguiente.
Otros artículos, como el 86 A, fracción tercera, 106, fracciones quinta y sexta, 107 y 145, tendrán efectos tres meses después de la entrada en vigor general, con el fin de permitir la elaboración del marco reglamentario correspondiente.
Durante la sesión, los legisladores rechazaron 10 propuestas de modificación y una moción suspensiva presentada por la senadora Claudia Edith Anaya Mota, del PRI.
Por parte de la mayoría, el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Miguel Ángel Yunes Márquez, afirmó que la reforma tiene como objetivo brindar certidumbre a las operaciones legales y sancionar las prácticas que dañan la hacienda pública.
“Con esta reforma avanzamos hacia una aduana moderna, una aduana que cuida la competitividad y, a la par, la integridad del sistema, porque cada peso bien recaudado regresa en servicios públicos como la infraestructura, la salud y la educación”, subrayó.
Según Yunes Márquez, la iniciativa contempla la creación de un Consejo Aduanero, responsable de otorgar autorizaciones y patentes, así como nuevas facultades concurrentes entre el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) para el post-despacho de mercancías.
Asimismo, precisó que las autoridades aduaneras podrán celebrar convenios con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones para el análisis de datos, y que se incorporan mecanismos de control más estrictos para determinar la responsabilidad de los agentes aduanales y prevenir prácticas de evasión fiscal o subvaluación.
El dictamen también elimina la patente vitalicia de los agentes aduanales, limitándola a un periodo de 20 años, sujeto al cumplimiento de los requisitos legales y a certificaciones periódicas cada tres años. Además, garantiza que las mercancías importadas temporalmente cumplan con su retorno o el pago de contribuciones correspondientes.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, consideró que la reforma representa un nuevo acuerdo entre el Estado, las empresas y la sociedad.
“Esta reforma moderniza sin privatizar, fiscaliza sin abusar y recauda sin castigar; no es una ley para unos cuantos, es una ley para el país entero, para las y los trabajadores que producen, los empresarios que cumplen y el Estado que necesita recursos para seguir formando la vida pública de México”, destacó.
Huerta añadió que el objetivo es construir aduanas limpias, digitales y confiables, como parte de un sistema fiscal justo y transparente.
En defensa de la propuesta, la senadora Olga Patricia Sosa Ruíz, de Morena, sostuvo que la modificación es una política de Estado orientada a proteger la economía nacional y fortalecer la recaudación.
“Consolida una hacienda pública fuerte, una administración moderna y un sistema aduanero al servicio del pueblo”, señaló.
En contraste, el senador Raymundo Bolaños Azocar, del PAN, consideró que la reforma “no combate de raíz la corrupción” y convierte a los agentes aduanales en “chivos expiatorios”, al tiempo que deja intactas las estructuras que permiten el saqueo de recursos públicos.
Desde el PVEM, el senador Waldo Fernández González respaldó la aprobación del proyecto al argumentar que dota al sistema tributario de herramientas para hacer de México un país más competitivo en materia de inversión, importación y exportación.
En cambio, el priista Miguel Ángel Riquelme Solís advirtió que la reforma podría colocar al país en una posición desfavorable ante Estados Unidos y Canadá, al considerar que no garantiza los principios de transparencia y proporcionalidad previstos en el T-MEC.
Por su parte, la legisladora Lizeth Sánchez García, del PT, subrayó que la actualización legal responde a la realidad geopolítica y busca cerrar espacios a la evasión y al contrabando sin imponer nuevos gravámenes.
Mientras tanto, el coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda Hoeflich, sostuvo que las modificaciones no abordan el “huachicol fiscal” en aduanas y puertos, y que la sobrerregulación afectará la competitividad del comercio exterior.
“Nos hubiera gustado ver una apuesta por una reforma aduanera que generara certidumbre jurídica, que fortaleciera la economía y la competitividad y que realmente enfrentara el problema de corrupción, especialmente al huachicol fiscal”, declaró el senador emecista.
La iniciativa fue avalada en lo general con 78 votos a favor, 37 en contra y una abstención, y en lo particular con 77 votos a favor, 38 en contra y una abstención, por lo que el dictamen será devuelto a la Cámara de Diputados para su revisión final.
