En su primer año de gobierno, la presidenta municipal de Ensenada, Claudia Agatón Muñiz —la primera mujer en ocupar el cargo— enfrenta una de las crisis financieras más severas en la historia reciente del municipio. La Tesorería Municipal ha emitido una justificación financiera que revela la magnitud del problema: el exalcalde y actual senador de Morena, Armando Ayala Robles, heredó al XXV Ayuntamiento una deuda pública que supera los cinco mil millones de pesos.
De ese monto, tan sólo las obligaciones con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (Issstecali) ascienden a dos mil 800 millones de pesos, mientras que el déficit operativo acumulado alcanza los 160 millones. A esta pesada herencia financiera se suman los compromisos de nómina, pagos a proveedores y gastos de operatividad de las dependencias municipales, que en conjunto representan al menos 200 millones de pesos mensuales.
Ante este escenario, la alcaldesa Agatón Muñiz ha emprendido una reestructuración administrativa profunda en áreas clave del Ayuntamiento, con el objetivo de contener el gasto y recuperar el control financiero. Sin embargo, las medidas internas podrían resultar insuficientes frente a un nuevo obstáculo: la reducción de las participaciones estatales.
Fuentes de la propia Tesorería Municipal confirmaron que el Gobierno de Baja California, encabezado por Marina del Pilar Ávila Olmeda, ha retenido entre un 25 y un 30 por ciento de las participaciones que por ley corresponden al municipio. Esta medida ha agudizado la falta de liquidez y ha puesto en riesgo el cumplimiento de los compromisos más urgentes, como el pago de salarios y la prestación de servicios públicos básicos.
La relación entre Ensenada y el gobierno estatal se ha tensado en los últimos meses. Mientras desde el Palacio Municipal se señala que los recortes “ahorcan” la operatividad de la ciudad, en Mexicali se argumenta que las retenciones responden a la falta de transparencia en el manejo de los recursos durante administraciones pasadas. En el centro de la controversia aparece el nombre de Armando Ayala Robles, quien hoy, desde el Senado, evita pronunciarse sobre el endeudamiento heredado, aunque en su gestión presumió avances en obra pública y programas sociales que, según la nueva administración, se sostuvieron con recursos comprometidos.
En el trasfondo, el conflicto tiene un claro componente político. A dos años de las elecciones municipales de 2027, Ensenada se convierte en un campo de disputa estratégica dentro de Morena, donde las pugnas internas podrían definir no sólo el futuro del Ayuntamiento, sino también la fortaleza del proyecto estatal de la Cuarta Transformación.
Mientras tanto, la presidenta Agatón Muñiz enfrenta el reto de sostener la gobernabilidad en un municipio que camina sobre una delgada línea financiera. Con ingresos limitados, presiones laborales y una creciente inconformidad ciudadana por la precariedad de los servicios, el destino de su administración dependerá de su capacidad para negociar con el Estado y recuperar la confianza de los ensenadenses en un gobierno que, más que transformarse, lucha por sobrevivir.
