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Presupuesto 2026 confirma recortes sobre poderes autónomos y deuda pública en ascenso

El paquete fue avalado con un cambio clave: se efectuaron recortes por 17 mil 788 millones de pesos que se sustrajeron de los denominados “ramos autónomos”; el endeudamiento neto del gobierno federal para 2026 será de alrededor de 1 billón 393 mil millones de pesos, lo que implica que el saldo de la deuda pública se elevaría a 20.3 billones, equivalente al 52.3 % del Producto Interno Bruto
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El pleno de la Cámara de Diputados aprobó esta madrugada, con 355 votos a favor y 132 en contra, el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 (PEF 2026), tras una sesión que se prolongó hasta cerca de las cinco de la mañana. El gasto público autorizado asciende a poco más de 10 billones de pesos, lo que representa un aumento de 5.9 % en términos reales respecto al presupuesto de 2025.

Desde el inicio del debate se advirtió que la aprobación implicaría tanto reasignaciones presupuestales sustanciales como un mayor endeudamiento. En efecto, el paquete fue avalado con un cambio clave: se efectuaron recortes por 17 mil 788 millones de pesos que se sustrajeron de los denominados “ramos autónomos” para ser redistribuidos hacia áreas como educación, ciencia, tecnología, medio ambiente y desarrollo rural.

Los recortes más destacados se dieron en el ámbito del poder judicial y los organismos autónomos. A la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Órgano de Administración Judicial y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se le retiraron en conjunto 15 mil 805 millones de pesos. Al Instituto Nacional Electoral (INE) se le recortaron mil millones, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) 50 millones y a la Fiscalía General de la República (FGR) 933 millones de pesos.

Por su parte, los fondos reasignados apuntan a reforzar programas de educación pública (+10 842 millones), ciencia y tecnología (+2 500 millones), medio ambiente (+1 500 millones), cultura (+1 985 millones), trabajo y previsión social (+319 millones) y el desarrollo rural/agricultura (+641 millones).

Del otro lado del debate, la deuda pública aparece como un elemento central del debate fiscal. El informe del paquete económico contempla que el endeudamiento neto del gobierno federal para 2026 será de alrededor de 1 billón 393 mil millones de pesos, lo que implica que el saldo de la deuda pública se elevaría a 20.3 billones, equivalente al 52.3 % del Producto Interno Bruto (PIB), impulsado por el rescate a Pemex a quien se le brindan ingresos extraordinarios.

Asimismo, el costo financiero del servicio de dicha deuda será de aproximadamente 1.57 billones de pesos (4.1 % del PIB), una proporción que muchos especialistas califican como preocupante, pues una parte creciente de los ingresos públicos irá destinada al pago de intereses y no al gasto productivo o social.

Durante la sesión, la oposición —compuesta por los partidos Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC)— sostuvo que este presupuesto contiene una contradicción: por un lado, amplía el gasto; por otro, recorta áreas clave de autonomía, seguridad, salud y justicia, y al mismo tiempo amplía el endeudamiento del país. Según la oposición, recortar al Poder Judicial y al INE envía una señal negativa respecto al principio de pesos y contrapesos en una democracia.

El bloque oficialista a su vez defendió que la reasignación de recursos responde a una visión de gobierno con prioridades distintas: mayor inversión en educación, ciencia, tecnología, medio ambiente y desarrollo social, lo que permitiría avanzar en la transformación que promueven. En el dictamen se enfatizó que el presupuesto es congruente con los objetivos planteados por la administración federal.

Sin embargo, los analistas señalan que la combinación de recortes a órganos autónomos, un mayor nivel de endeudamiento y un crecimiento económico proyectado entre 1.8 y 2.8 % —por debajo de lo que algunos expertos consideran necesario— generan tensiones importantes para la sostenibilidad fiscal.

En resumen, el PEF 2026 aprobado hoy marca un punto de inflexión: más gasto total, pero también mayor deuda y menos recursos para organismos que tradicionalmente han sido ejes de contrapeso al poder político. La dimensión de los recortes a los órganos autónomos y el salto en los compromisos de deuda plantean interrogantes sobre la distribución de prioridades presupuestales y la capacidad del Estado para cumplir con todos sus frentes sin comprometer la estabilidad financiera de largo plazo.

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