A una semana del asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, su viuda y actual alcaldesa interina, Grecia Itzel Quiroz García, elevó el reclamo público al sostener que detrás del homicidio existe una estructura política y de poder que debe ser investigada sin excepciones. Durante una conferencia de prensa celebrada en esta ciudad ante la llegada del secretario federal de Seguridad, Omar García Harfuch, la funcionaria exigió que se llame a declarar a los políticos Leonel Godoy Rangel, Raúl Morón Orozco e Ignacio “Nacho” Campos, por sus presuntos vínculos con el asesinato de Manzo, y no sólo se limite la acción penal al autor material del crimen.
«No ha habido día que yo no haya dejado de exigir justicia y no va a haber día que lo deje de hacer», sostuvo Quiroz ante los medios. Afirmó que la investigación debe ser “clara, amplia y contundente”, y advirtió que la ciudadanía ya no acepta que el homicidio se reduzca a la detención del autor material, Víctor Manuel Ubaldo Vidales, de 17 años, abatido poco después del atentado.
La exigencia de Quiroz no es espontánea: según sus declaraciones, su esposo había señalado en reiteradas transmisiones en redes sociales y entrevistas a Godoy, Morón y Campos como personas que “le estorbaban” y que podrían estar detrás de acciones que él denunciaba como actos de corrupción o de colusión con el crimen organizado. «Carlos lo dijo mucho en sus nochecitas», afirmó la alcaldesa. «Ustedes saben que él señalaba a estos personajes».
El señalamiento incluye perfiles de peso en la política del estado de Michoacán: Leonel Godoy Rangel fue gobernador del estado entre 2008 y 2012, exdiputado federal por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y ha permanecido como figura influyente en la izquierda estatal. Raúl Morón Orozco es senador y exalcalde de Morelia, con una trayectoria que lo coloca como líder en la estructura magisterial y política local. Ignacio “Nacho” Campos fue previamente alcalde de Uruapan y diputado federal, y figura central en la disputa de poder local contra Manzo; según medios, había sido denunciado por el propio Manzo por supuestas vinculaciones con el crimen organizado y con redes de poder en la institución municipal.
La exigencia de Quiroz se da en un contexto de fuerte presión social y política. El homicidio del alcalde Manzo, efectuado en público durante las celebraciones del Día de Muertos, ha activado manifestaciones en Uruapan y visibilizado la gravedad de la violencia política y del crimen organizado en la región. Por su parte, el gobierno estatal y federal anunciaron que la línea de investigación que involucra a la escolta del edil —por posibles fallas en el protocolo de seguridad— sigue abierta, así como la responsabilidad de actores más allá del autor material.
Durante el encuentro en Uruapan, García Harfuch refrendó el compromiso del gobierno federal para aplicar el “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, reforzando el despliegue de fuerzas de seguridad, capacitación y monitoreo de policías municipales en la región, señalando que el feminicidio del alcalde – según fuentes federales – no puede quedar en la impunidad ni en la contención al autor directo.
No obstante, el anuncio de Quiroz añade un ingrediente político delicado: el involucramiento de figuras prominentes de Morena, el partido en el poder federal, en una acusación pública que vincula directamente a estos con un crimen de gran resonancia nacional. En este sentido, la alcaldesa subrayó que «sí importa la filiación política, pero más importa que la investigación incluya a todos los actores involucrados sin importar su filiación o su poder».
Hasta ahora, ni Godoy, Morón ni Campos han sido vinculados formalmente al crimen. Los reportes periodísticos señalan que Manzo había denunciado previamente —en entrevistas y redes sociales— presuntos pactos de poder y estructuras de corrupción que, según él, operaban con apoyo político local y estatal. Por ello, el señalamiento expresa no sólo una exigencia de justicia ante un crimen brutal, sino también una apuesta de los restos del movimiento de Manzo —ahora liderado por Quiroz— para que el caso trascienda al terreno estrictamente criminal y entre al terreno político.
La escena que se vive en Uruapan es simbólica: una alcaldesa que asumió el cargo tras el asesinato de su esposo y que declara que su lucha no es solo por él, sino por “que México entienda quiénes fueron los autores intelectuales”. Así lo afirmó: «Necesito saber, Uruapan necesita saber, México necesita saber quién fue o quiénes fueron los autores intelectuales del asesinato de Carlos».
En el municipio confluyen —como lo han apuntado varios medios— los retos de seguridad, las disputas por el territorio entre cárteles y el entrelazamiento con la política local. En ese contexto, el que una viuda de alcalde pida que se investigue no solo al sicario, sino a altos personajes políticos, marca un punto de inflexión en la gestión del crimen en estados como Michoacán: dónde termina la seguridad, dónde empieza la política, y cómo se construye —o se destruye— la confianza ciudadana.
Mientras tanto, los ojos del país están puestos sobre Uruapan. La sociedad exige respuestas prontas, los medios exigen claridad, y la política aguarda el deslinde. En medio de ese cruce, Grecia Quiroz advierte que no se trata sólo de justicia por su esposo, sino de un mensaje para quienes creen que “el mando impune” puede permanecer. La palabra está ahora en manos de las autoridades: será la fiscalía estatal o la federal quien determine si profundiza o descarta la línea de investigación marcada por la alcaldesa.
