El presidente municipal de Tijuana, Baja California, Ismael Burgueño Ruiz, fue citado por el Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México, en el marco de una investigación federal que escala rápidamente y cuyo trasfondo aún no ha sido aclarado por el funcionario.
De acuerdo con el citatorio oficial, Burgueño Ruiz fue requerido por la carpeta FED/FEMDO/FEIDMHDARV-BC/0000556/2025. El documento establece que debía presentarse el martes 18 de noviembre de 2025, a las 13:00 horas, para rendir entrevista en calidad de imputado ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).
El alcalde fue convocado a las instalaciones de la FGR ubicadas en Paseo de la Reforma 75, colonia Guerrero, en la alcaldía Cuauhtémoc. El oficio advierte que su inasistencia sin causa justificada derivaría en una medida de apremio equivalente a 200 Unidades de Medida y Actualización (UMA). Hasta ahora se desconoce si Burgueño acudió o no a la audiencia, así como los detalles específicos de la investigación.
Investigación por lavado y delincuencia organizada
Información difundida por diversos medios apunta a que la FGR mantiene abiertas indagatorias por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada en contra del alcalde morenista. A ello se suman señalamientos sobre presuntos vínculos con Fernando Rafael Salgado Chávez, empresario enlistado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como operador financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y con Marco Antonio Moreno Gómez Santelices, identificado como enlace operativo entre el CJNG y la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa.
Contratos millonarios y presunto desvío de recursos
La acusación formal contra Burgueño Ruiz también incluye la supuesta asignación directa de contratos millonarios del XXV Ayuntamiento de Tijuana a empresas vinculadas con estos personajes. De acuerdo con información publicada por el periodista Paco Zea y retomada por medios locales, el alcalde habría convertido el presupuesto municipal en una “caja chica” para financiar su promoción política y beneficiar a empresarios asociados al crimen organizado.
Se señala, además, que durante el último año, Fernando Salgado Chávez organizó diversos eventos en Tijuana, lo que abonaría a la hipótesis de una relación directa con el alcalde.
El poder creciente de Fernando Rafael Salgado Chávez
El caso también arrastra implicaciones de mayor alcance. Diversas investigaciones periodísticas, entre ellas las de la revista Zeta, documentan que Salgado Chávez habría construido una red de influencia que le permitió controlar la asignación de obras públicas en Tijuana, Rosarito y Ensenada. Funcionarios de distintos niveles operaban supuestamente a su favor.
La polémica escaló cuando se dio a conocer que la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda habría celebrado el Día del Padre 2024 en una residencia vinculada a una empresa del propio Salgado, según registros difundidos en redes sociales. Este hecho fue interpretado como un indicio de la cercanía entre el empresario y figuras del poder estatal.
Durante la administración del exalcalde de Ensenada, Armando Ayala, Salgado también habría ejercido un rol de “filtro” en la autorización de proyectos de obra pública, decidiendo, según testimonios de empresarios, qué proyectos avanzaban y cuáles quedaban bloqueados.
Un silencio que agranda las dudas
La FGR mantiene abierta la investigación, y tanto Burgueño Ruiz como otros implicados deberán comparecer en las próximas semanas. El alcalde, sin embargo, no ha emitido declaración pública alguna, lo que incrementa la incertidumbre en torno al alcance real de la red investigada y el nivel de responsabilidad que podría atribuírsele.
