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Diputada del PRI denuncia amenazas de muerte en Sinaloa; dejan corona fúnebre frente a su domicilio

La diputada del PRI acusa una escalada de intimidaciones y exige mayor protección tras recibir una corona funeraria con sus apellidos
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La diputada local del PRI en Sinaloa, Paola Gárate Valenzuela, denunció públicamente una nueva amenaza en su contra luego de que una corona fúnebre con sus apellidos fuera colocada frente a su domicilio en Culiacán. El hecho, ocurrido el pasado 10 de junio, encendió las alarmas entre actores políticos y organizaciones civiles, al tratarse de una legisladora que ha mantenido una postura crítica frente a la crisis de seguridad que enfrenta el estado.

La representante priista presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa y aseguró que el incidente forma parte de una serie de agresiones e intimidaciones que ha sufrido en los últimos años debido a su actividad política y sus posicionamientos públicos.

La corona fúnebre que encendió las alertas

De acuerdo con la legisladora, personas desconocidas dejaron un arreglo floral funerario en la entrada de su vivienda, un acto que calificó como una amenaza directa contra su integridad física y la de su familia.

Gárate sostuvo que el mensaje intimidatorio no puede desvincularse de las denuncias que ha realizado desde el Congreso de Sinaloa sobre temas relacionados con la violencia, la desaparición de personas y la presunta influencia del crimen organizado en procesos políticos.

La diputada ha sido una de las voces más críticas respecto a la situación de inseguridad en la entidad. Entre sus intervenciones recientes destacan señalamientos sobre el abandono institucional que enfrentan colectivos de madres buscadoras y cuestionamientos sobre las estrategias de seguridad implementadas por los distintos niveles de gobierno.

Según su versión, estas posiciones podrían estar detrás de las amenazas que ha recibido de manera recurrente.

Un historial de agresiones que preocupa

La corona funeraria no sería el primer episodio de violencia denunciado por la legisladora.

En entrevistas concedidas a medios nacionales, Paola Gárate afirmó que ha sido víctima de diversos hechos que considera parte de una campaña de intimidación en su contra.

Entre los episodios relatados por la diputada destacan:

  • La presunta privación ilegal de la libertad que sufrió durante el proceso electoral de 2021 en Culiacán.
  • Una amenaza directa con arma de fuego ocurrida en octubre del año pasado, cuando, según su testimonio, fue encañonada en la cabeza.
  • El robo violento de su camioneta registrado hace algunos meses en la colonia Guadalupe, en la capital sinaloense.

La legisladora ha señalado que estos hechos han sido denunciados ante las autoridades correspondientes.

Cuestiona protección otorgada por autoridades federales

Además de denunciar las amenazas, Gárate ha expresado inconformidad con las medidas de seguridad que le fueron planteadas por las autoridades.

La diputada considera que los protocolos actuales resultan insuficientes frente al nivel de riesgo que enfrenta.

De acuerdo con sus declaraciones, una de las propuestas iniciales contemplaba acompañamiento únicamente durante actividades oficiales y eventos relacionados con su labor legislativa.

La priista cuestionó dicha medida al considerar que las amenazas también se han presentado en espacios privados, como ocurrió con la corona fúnebre colocada frente a su vivienda.

“El peligro no desaparece cuando termina una sesión del Congreso”, ha señalado en diversas entrevistas.

PRI exige intervención de autoridades federales

El caso ha generado reacciones dentro del Partido Revolucionario Institucional, cuyos dirigentes y legisladores han manifestado respaldo a la diputada sinaloense.

La dirigencia nacional del PRI solicitó la intervención de instancias federales para garantizar la seguridad de la legisladora y esclarecer el origen de las amenazas.

Integrantes del partido han solicitado que tanto la Fiscalía General de la República (FGR) como las autoridades estatales realicen una investigación integral para identificar a los responsables y determinar si existe una motivación política detrás de los actos intimidatorios.

Asimismo, han exigido que se implementen medidas de protección acordes con el nivel de riesgo denunciado.

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