Una investigación reciente de Emeequis revela que Minsa —la empresa dedicada a la producción de harina de maíz nixtamalizado que lidera Altagracia Gómez Sierra, titular del Consejo Asesor Empresarial y asesora en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo— recibió un contrato millonario de 346 millones 175 mil 400 pesos por parte del gobierno de Sheinbaum, mediante adjudicación directa, para procesar y empacar maíz destinado al programa de abasto social.
El contrato fue otorgado por Diconsa con el fin de convertir maíz comprado por el Estado en harina nixtamalizada bajo marca propia, para ser distribuida en zonas rurales a través del programa “Maíz para Todos”. La adjudicación directa —amparada en la excepción prevista en la ley de adquisiciones para este tipo de programas sociales— ha generado críticas: el monto asignado y la proximidad entre la empresa beneficiada y decisiones oficiales levantan sospechas de conflicto de interés.
El contraste con la situación del campo es dramático. Mientras Minsa asegura centenares de millones de pesos, productores de maíz atraviesan una crisis sin precedentes. En estados como Sinaloa y Jalisco, campesinos denuncian que los industriales pagan poco más de 4 pesos por kilo de maíz, un precio que consideran insuficiente para cubrir siquiera los costos de producción. En respuesta, cientos de agricultores se han sumado a bloqueos carreteros y manifestaciones masivas, exigiendo precios dignos por su cosecha —al menos 7 200 pesos por tonelada, según sus demandas— y la garantía de un mercado justo.
Las protestas escalaron hasta convertir el descontento del campo en una crisis nacional. El pasado 25 de noviembre, representantes campesinos abandonaron una mesa de diálogo con autoridades federales ante lo que calificaron de “falta de voluntad real” para mejorar las condiciones del sector. Para muchos, el contrato a Minsa representa la cuota tangible de un sistema que prioriza a grandes empresas conectadas con el poder por encima de los productores que sostienen el abastecimiento de uno de los alimentos básicos del país.
Ante la presión social y mediática, Minsa emitió un comunicado argumentando que no tiene la intención —ni la capacidad— de fijar el precio del maíz, pues éste depende “de factores nacionales e internacionales, ajenos al sector harinero”. A pesar de ello, organizaciones campesinas consideran que el apoyo federal dado a Minsa equivale a una señal de respaldo a las harineras, mientras dejan al campo al borde del colapso.
En el epicentro de este debate está la contradicción entre un discurso gubernamental que proclama “Sin maíz no hay país” y una política que privilegia a quienes transforman y comercializan ese grano, dejando de lado a quienes lo cultivan. El conflicto agrario —marcado por deuda histórica, bajos precios y aumento de los costos de producción— amenaza con escalar si no hay un ajuste real en la cadena productiva del maíz, que reconozca el valor del trabajo campesino por encima del lucro inmediato.
