La diputada federal Martha Aracely Cruz Jiménez, del Partido del Trabajo (PT), lanzó este 25 de noviembre —en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer— una acusación frontal contra funcionarios de Gobierno de Oaxaca y dirigentes de Morena, a quienes señaló de proteger violentadores, obstaculizar carpetas de investigación y callar denuncias de agresiones sexuales, desapariciones y violencia de género, incluso contra mujeres indígenas.
En un mensaje que recorrió los pasillos del poder en la Cámara de Diputados, Cruz Jiménez afirmó que la narrativa feminista pública del gobierno no coincide con sus actos: “Es una simulación, una farsa”, denunció. Acusó al gobernador Salomón Jara Cruz de mantener en su administración a presuntos agresores como Donato Vargas Jiménez y René Castillejos —entre otros—, quienes, dijo, cuentan con denuncias por violencia de género, hostigamiento laboral y difusión de pornografía no consentida. 1
La legisladora relató que tras denunciar estos hechos, ella misma ha sufrido agresiones físicas y amenazas, y teme por su vida. Recordó que una de las mujeres que la acompañó en las denuncias, la activista indígena Sandra Estéfana Domínguez Martínez, fue asesinada, lo que a su juicio evidencia “un círculo de impunidad” sostenido por complicidades dentro del partido en el poder y de las autoridades locales.
Cruz Jiménez mencionó además la existencia de grupos de WhatsApp —con nombres como “Sierra 3X” o “Mega Peda”— presuntamente utilizados para compartir contenido misógino, pornográfico y de explotación hacia mujeres indígenas. Señaló directamente al exdiputado local Huberto Santos Ramírez como creador de uno de esos grupos, criticó la pasividad de dirigentes como Citlali Hernández y Malú Mícher, y acusó al partido de encubrir a quienes deberían ser sancionados, como al diputado Cuauhtémoc Blanco.
Al hacer sus señalamientos públicos, la diputada exigió acciones inmediatas y concretas: la destitución y una investigación imparcial contra los funcionarios implicados; la reapertura y pronta resolución de carpetas de violencia digital y agresiones; y el acceso real a la justicia para las víctimas. “No queremos discursos, queremos justicia”, sentenció.
La gravedad de las acusaciones —que involucran a funcionarios públicos, omisiones y presunta protección institucional— coloca nuevamente en el centro del debate el compromiso del gobierno y de Morena con los derechos de las mujeres. Para Cruz Jiménez, los testimonios, denuncias y desapariciones no son simples estadísticas: representan vidas, comunidades heridas y un reclamo urgente de verdad y reparación. En sus palabras, la complacencia institucional frente a la violencia de género es, en sí misma, un acto de complicidad.
Con su declaración en tribuna, la diputada busca no solo visibilizar lo que considera una impunidad sistemática, sino obligar al Estado a responder. Las preguntas ahora son si habrá voluntad política para investigarlo todo, y si las promesas de igualdad alguna vez se traducirán en justicia real.
