La movilización ciudadana en Oaxaca alcanzó este lunes un nuevo hito. Un grupo de ciudadanos —promotores de la revocación de mandato— entregó al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) un conjunto de 632 472 firmas con las que solicitan formalmente el inicio del procedimiento para someter a consulta la continuidad del gobernador Salomón Jara Cruz. Con esta entrega, afirman haber superado con creces el umbral establecido, ante lo que la autoridad electoral deberá evaluar la procedencia de la solicitud en los próximos días.
El anuncio de la entrega se da apenas semanas después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarara inconstitucionales algunos de los requisitos que había impuesto el Congreso de Oaxaca para este proceso: específicamente, la obligación de recabar un porcentaje mínimo de firmas en cada municipio y la reducción del plazo para presentar la solicitud, modificaciones que consideró restrictivas del derecho ciudadano.
Con la resolución de la Corte, quedó restablecido el requerimiento original: juntar al menos el 10 % de la lista nominal del estado sin exigir un mínimo en cada municipio. Bajo esos parámetros, los promotores sostienen que las 632 472 firmas representan un respaldo amplio y válido para someter a consulta la permanencia de Jara Cruz.
Desde el gobierno estatal, el mandatario ha mantenido una postura pública de tranquilidad. En días recientes, afirmó que no está “ni nervioso, ni preocupado”, sino ocupado en trabajar, aunque reiteró su disposición a acatar el resultado de la eventual consulta. Por su parte, la dirigencia del IEEPCO deberá ahora realizar un primer análisis de las rúbricas presentadas: verificar su validez, comprobar su correspondencia con la lista nominal y confirmar que cumplen los requisitos normativos. Solo entonces se podría convocar formalmente a la consulta ciudadana.
Este episodio cobra relevancia no solo por lo poco habitual que resulta juntar más de 600 mil firmas de apoyo en pocos días, sino porque coloca al estado de Oaxaca en un terreno incierto: de prosperar la solicitud, sería la primera vez que un gobernador estatal en México enfrente una revocación de mandato. Las consecuencias políticas podrían ser profundas, tanto para la figura de Jara Cruz como para el entramado de alianzas partidistas y la gobernabilidad en la entidad.
Mientras tanto, organizaciones ciudadanas, redes sociales y medios de comunicación han comenzado a movilizarse para difundir —o cuestionar— la petición. Opiniones, encuestas y debates públicos se multiplican, en un contexto en que la ciudadanía oaxaqueña observa con atención el avance del proceso. El IEEPCO tiene ahora la responsabilidad de ejecutar un procedimiento transparente, riguroso e imparcial. El reloj institucional ha empezado a correr.
