La coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Ivonne Ortega Pacheco, advirtió que la iniciativa de Ley de Aguas, en su redacción actual, constituye una amenaza directa para agricultores y comunidades rurales, al priorizar el abastecimiento de las grandes urbes por encima de la producción agrícola. La legisladora calificó la propuesta como “una ley urbanista que trata de garantizar agua a las grandes capitales con el sacrificio de la producción del campo”, al insistir en que el texto no recoge las preocupaciones de campesinos ni protege su patrimonio.
En un encuentro con medios de comunicación, Ortega señaló que su bancada se mantiene a la espera de que la Comisión de Recursos Hidráulicos sesione y presente un dictamen definitivo, con la expectativa de que éste incorpore los planteamientos expresados por productores, organizaciones y especialistas. “Nosotros estamos esperando que haya un dictamen, se supone que va a sesionar la Comisión mañana, y en ese dictamen veremos si, efectivamente, están incluidas todas las cosas que le preocupan a los hombres y las mujeres, particularmente del campo”, puntualizó.
La diputada dejó claro que, tal como está redactada hoy, la iniciativa no será respaldada por Movimiento Ciudadano. Aseguró que su grupo parlamentario votaría en contra si el dictamen mantiene disposiciones que —según afirma— limitan el acceso al agua para actividades productivas rurales y ponen en desventaja a quienes dependen del campo para subsistir. Sin embargo, abrió la puerta a discutir un eventual cambio de postura si la comisión incorpora modificaciones sustantivas. “Si hay modificaciones en donde los miedos, los temores que tienen los campesinos, las personas que se van a ver afectadas se modifican, pues bueno, valoraríamos nuestro voto”, dijo.
Ortega Pacheco subrayó que el impacto de la propuesta no solo recae en los productores, sino en toda la cadena alimentaria del país. Advirtió que desplazar la producción nacional por mayores restricciones hídricas podría incrementar la dependencia de importaciones en un momento de alta presión inflacionaria. “Es de lo que comemos, porque si ellos dejan de producir, ya quiero ver, si de por sí está cara la vida, cómo va a ser, están importando lo que consumimos”, expresó.
Respecto de las advertencias de organizaciones campesinas que, de no ser escuchadas, podrían movilizarse y paralizar el país, la legisladora emecista consideró que estas reacciones son comprensibles ante la falta de interlocución real. “Tienen razón, es la única manera en la que tienen para poder lograr sus cosas y mantenerse vigentes”, señaló, al recordar que la propia comisión ha recibido a diversos sectores que aportaron elementos no contemplados en la iniciativa original. Añadió que resulta fundamental identificar quiénes siguen sin ser atendidos para garantizar un proceso legislativo incluyente. “Nosotros siempre vamos a estar del lado del que tiene la razón, que en este caso es el pueblo”, afirmó.
Al ser consultada sobre las reformas en materia de revocación de mandato, programadas para discutirse hasta 2026, Ortega subrayó que esta figura debe responder únicamente a una demanda ciudadana, y no a intereses gubernamentales o partidistas. Recordó que la revocación es un instrumento de control social del poder, no un mecanismo promovido “a petición del propio gobierno o de un diputado disfrazado”.
La discusión de la Ley de Aguas continuará en los próximos días, mientras organizaciones rurales, legisladores y expertos presionan para que la versión final responda a las necesidades del campo sin comprometer el equilibrio entre consumo humano, desarrollo urbano y producción alimentaria.
