El gobierno de Estados Unidos canceló la visa de turista del funcionario mexicano Alex Tonatiuh Márquez Hernández, actual director general de Investigación Aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM). La noticia, inicialmente difundida por un medio nacional, fue confirmada por fuentes diplomáticas estadounidenses y reconocida por el propio funcionario. En su declaración pública, Márquez Hernández calificó la medida como “un procedimiento administrativo”, señaló que no afecta sus funciones actuales y dejó abierta la posibilidad de solicitar nuevamente su visa en el futuro.
La revocación del visado se inscribe en una ofensiva más amplia de Washington contra políticos y funcionarios mexicanos —una estrategia de presión diplomática traducida en la suspensión de decenas de permisos migratorios, en algunos casos sin que medie acusación formal ni delito comprobado. Hasta ahora, los casos más visibles habían sido el de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda de Baja California y varios alcaldes, lo que convierte a Márquez en, presumiblemente, el primer alto funcionario federal cuya visa es revocada públicamente.
Más allá del simbolismo, el cargo de Márquez Hernández tiene especial relevancia: él dirige la investigación sobre el denominado “huachicol fiscal”, un esquema de contrabando y evasión aduanal de hidrocarburos que, según la ANAM, habría operado con la participación de agentes aduanales corruptos. En recientes audiencias, el funcionario reconoció que menos de 30 agentes aduanales —de un padrón superior a 800— controlaban buena parte del contrabando nacional, y que ya se han abierto miles de carpetas de investigación.
Además, entre las acusaciones que han rondado su nombre figura el presunto uso de una empresa fachada, Aledo S.A. de C.V., para realizar operaciones de exportación simuladas y transferencia irregular de recursos —movimientos por más de 250 millones de pesos, según documentos a los que tuvo acceso la prensa. Estas denuncias alimentan la sospecha de que la medida estadounidense podría obedecer no sólo a criterios administrativos, sino también a alertas derivadas de investigaciones financieras o de seguridad internacional, aunque ningún documento oficial vincula públicamente la revocación de visa con cargos formales.
La Sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos, citada por autoridades diplomáticas, permite la revocación de visas cuando se considera que el beneficiario representa un riesgo potencial para los intereses estadounidenses. No obstante, los motivos específicos del caso no han sido revelados, lo que incrementa la incertidumbre sobre hasta qué punto esta decisión —y otras similares— obedece a razones de seguridad, anti-corrupción, o estrategia diplomática.
Para el gobierno mexicano, la medida abre interrogantes sobre las implicaciones institucionales y políticas de la postura estadounidense. Si bien la visa no es un derecho sino un privilegio discrecional, la revocación pública a un funcionario de alto nivel que encabeza investigaciones sensibles como el huachicol fiscal marca un precedente: pone en evidencia la capacidad de Washington para influir en el entramado del combate a la corrupción en México sin recurrir a procesos judiciales, y convierte la concesión de visas en una herramienta de presión política y diplomática.
En su entorno, Márquez Hernández ha insistido en que continuará con sus responsabilidades al frente de la ANAM, y se ha declarado dispuesto a colaborar con las autoridades correspondientes para aclarar cualquier señalamiento. Sin embargo, la sombra que arroja el retiro de su visa estadounidense —en un contexto de investigaciones sobre contrabando, evasión y lavado de dinero— tendrá inevitablemente impacto en la percepción pública sobre su papel y sobre la transparencia de las instituciones aduanales.
