La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) respondió a una solicitud de transparencia con una negativa tajante: la información técnica sobre los daños ambientales atribuibles al Tren Maya ha sido clasificada como de “seguridad nacional” y permanecerá bajo reserva hasta 2028.
La decisión choca con lo manifestado hace apenas unas semanas por la propia titular de la dependencia, Alicia Bárcena, quien durante su comparecencia del 6 de octubre ante las comisiones de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Cámara de Diputados reconoció que las obras del tramo 5, que va de Playa del Carmen a Tulum, habían afectado directamente al menos ocho cavernas y cenotes. Bárcena admitió que se detectó concreto dentro de formaciones kársticas y adelantó que se impulsaban trabajos de limpieza y retiro del material.
Sin embargo, al indagar sobre los dictámenes, estudios, monitoreos de calidad de agua o evaluaciones que respalden tales afectaciones, la Semarnat se declaró impotente: no elaboró monitoreos propios, auditorías ni evaluaciones específicas al respecto. Lo único disponible, según la dependencia, son las manifestaciones de impacto ambiental (MIA) públicas, las cuales no incluyen estudios de calidad del agua ni evaluaciones puntuales sobre daños a cenotes, cavernas o acuíferos.
El argumento oficial para mantener el sigilo absoluto radica en el decreto de 18 de mayo de 2023 que declaró al Tren Maya como “infraestructura estratégica”. Con base en ese decreto y en la resolución interna 401/2023 del Comité de Transparencia de la Semarnat, toda la información técnica vinculada al proyecto fue blindada bajo la premisa de seguridad nacional.
Para organizaciones ambientalistas, expertos en recursos hídricos y comunidades de la península de Yucatán, este cierre de filas supone un grave obstáculo al escrutinio público. Sin acceso a los dictámenes que expliquen el alcance real del daño, resulta imposible evaluar la vulnerabilidad del acuífero, la integridad del sistema kárstico o prever riesgos a largo plazo para la biodiversidad y las comunidades que dependen del agua subterránea.
La contradicción entre reconocer públicamente los daños y sepultar toda evidencia técnica genera un velo de opacidad que, en la praxis, convierte en irrelevantes las propias advertencias de las autoridades: admitir un daño sin mostrar su dimensión tiende a neutralizar su gravedad.
Al resguardar los estudios por cinco años, la Semarnat y el gobierno federal colocan un muro de silencio sobre uno de los capítulos más sensibles del impacto ambiental del Tren Maya, justo cuando cientos de ciudadanos, investigadores y organizaciones reclaman transparencia para garantizar que las promesas de mitigación se traduzcan en acción efectiva —y no en palabras sin respaldo.
