En un giro inesperado y de alto impacto político, el Gobierno de Bulgaria encabezado por el primer ministro Rosen Zhelyazkov presentó su dimisión este jueves tras una oleada de protestas masivas que paralizaron las principales ciudades del país. La renuncia se produce apenas semanas antes de que Bulgaria, miembro de la Unión Europea y la OTAN, tenga previsto adoptar el euro como moneda oficial el 1 de enero de 2026, un hito largamente anhelado y ahora envuelto en una espiral de incertidumbre institucional.
La chispa que encendió la furia ciudadana fue el rechazo popular al borrador del presupuesto nacional para 2026, presentado en euros, que contemplaba aumentos de impuestos, mayores cotizaciones a la seguridad social y un incremento del gasto público. Aunque el Gobierno decidió retirar ese plan ante la creciente presión social, el malestar no cedió y se transformó en un clamor mucho más amplio contra la corrupción sistémica y la falta de transparencia en la gestión pública.
Desde la noche del miércoles, decenas de miles de búlgaros, según estimaciones de medios basadas en imágenes de drones, se lanzaron a las calles de Sofía, concentrándose en la plaza central que une los edificios del Parlamento, el Gobierno y la Presidencia, mientras proyectaban con láser los mensajes “Dimisión”, “Fuera la mafia” y “Por unas elecciones justas” sobre las fachadas de las instituciones estatales. Organizaciones civiles y estudiantes universitarios lideraron las protestas, que en la capital habrían superado los 100 000 participantes y, según algunos informes, alcanzaron hasta 150 000. Más de 25 ciudades de todo el país, desde Plovdiv hasta Varna, Veliko Tarnovo y Razgrad, vivieron movilizaciones de diversa magnitud, extendiendo el movimiento a nivel nacional. También hubo manifestaciones de búlgaros en el extranjero, con concentraciones en ciudades como Bruselas, Londres, Berlín, Viena, Zúrich y Nueva York.
La figura del polémico político y oligarca Delyan Peevski emergió como foco de las críticas más feroces de los manifestantes. Peevski, sancionado tanto por Estados Unidos como por el Reino Unido bajo acusaciones de corrupción y tráfico de influencias, es visto por amplios sectores de la sociedad búlgara como un símbolo de la connivencia entre políticos, élites económicas y medios de comunicación. Aunque su partido, el Movimiento por los Derechos y las Libertades (DPS), no forma parte oficial de la coalición de gobierno, su apoyo parlamentario había sido crucial para sostener al gabinete de Zhelyazkov. Críticos sostienen que el poder real tras el Ejecutivo estaba en manos de intereses oligárquicos y no en la voluntad popular, una percepción que alimentó aún más la indignación de la calle.
En una sesión extraordinaria en la Asamblea Nacional, Zhelyazkov justificó su dimisión afirmando que habían “escuchado la voz de los ciudadanos” y que era necesario “estar a la altura de las exigencias”. Reconoció el papel activo tanto de jóvenes como de mayores en las protestas y llamó a orientar el proceso político hacia un nuevo perfil de gobierno que, dijo, “se base en los logros anteriores, pero a través de una buena transición”. Aunque su gabinete renunció en bloque, continuará en funciones como administración interina hasta que se forme un nuevo Ejecutivo.
La caída del Gobierno búlgaro no es un hecho aislado, sino el desenlace de un ciclo de inestabilidad política crónica. En los últimos cuatro años, Bulgaria ha celebrado siete elecciones nacionales debido a la dificultad de formar mayorías estables en un parlamento profundamente fragmentado. La aprobación formal de la renuncia por parte de la Asamblea, unánime en sus votos, subraya el nivel de consenso político en torno a la necesidad de abrir una nueva etapa, aunque también anticipa un futuro inmediato de negociaciones intensas y, probablemente, elecciones anticipadas si no se logra conformar una coalición viable.
El presidente Rumen Radev, quien había llamado semanas atrás a escuchar las demandas ciudadanas, ahora enfrenta la tarea constitucional de encargar la formación de un nuevo Gobierno, comenzando por el partido mayoritario en el Parlamento. Si este proceso fracasa, la designación de un Ejecutivo interino y la convocatoria a nuevos comicios parecen inevitables, en lo que podría convertirse en la octava elección desde 2021.
Mientras tanto, la transición hacia la adopción del euro queda ensombrecida por la falta de un liderazgo estable que pueda completar los requisitos administrativos y políticos necesarios para cumplir con el cambio de moneda en tiempo y forma. Analistas europeos han señalado que la estabilidad política es un factor clave para la integración plena en la eurozona, y la caída del Gobierno plantea dudas sobre la capacidad de Bulgaria para sostener ese calendario sin sobresaltos económicos o sociales.
Este episodio marca un momento decisivo en la historia reciente de Bulgaria: una sociedad que, harta de promesas incumplidas y prácticas clientelares, ha forzado la renuncia del Ejecutivo en vísperas de una de las transiciones más relevantes para su relación con la Unión Europea. El desafío ahora será traducir esa energía ciudadana en reformas estructurales y un nuevo contrato político que devuelva a los ciudadanos la confianza en sus instituciones.
