En medio de un clima de creciente escrutinio sobre la transparencia y el uso de recursos públicos en los tres niveles de gobierno, documentos oficiales del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Tabasco han iniciado una polémica que involucra al senador morenista y exgobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, y a su familia. La información, difundida en registros de nómina y recibos oficiales del Poder Judicial estatal, muestra que Adán Payambé López Estrada, hijo del exmandatario, recibió pagos por aproximadamente 830 mil pesos netos entre 2021 y 2023 por su trabajo como secretario auxiliar del Consejo de la Judicatura, pese a que, según los datos, aun cursaba estudios universitarios durante gran parte de ese periodo y fue incorporado sin concurso público ni examen de conocimientos a una institución que, en teoría, debe formar y contratar con base en criterios de profesionalización.
Los recibos difundidos —que incluyen al menos 38 pagos quincenales consecutivos durante cerca de tres años— coinciden cronológicamente con el gobierno estatal encabezado por López Hernández y el periodo inmediato posterior, lo que ha llevado a críticos y analistas a cuestionar la autonomía del Poder Judicial de Tabasco y la eficacia de los mecanismos internos para prevenir prácticas de nepotismo o favoritismo político. La evidencia documental muestra que el joven, Adán Payambé, fue dado de alta en febrero de 2021 y mantuvo ingresos constantes, a pesar de que no existieron procedimientos públicos de selección que dieran cuenta de su idoneidad para el cargo.
La controversia no se limita al Poder Judicial. Reportes de medios y fuentes periodísticas han señalado que otro hijo del exgobernador, Augusto Andrés López Estrada, también obtuvo ingresos significativos —más de 800 mil pesos— como asesor en la Cámara de Diputados entre 2022 y 2024, en un contexto similar de percepción de beneficios derivados de su vínculo familiar, incluso cuando aún cursaba estudios universitarios.
Estos señalamientos se insertan en un entorno más amplio de cuestionamientos sobre la gestión de Adán Augusto López Hernández tanto durante su administración como gobernador como en sus años recientes como figura clave de Morena. A finales de 2025, una investigación periodística de alcance nacional reveló transacciones millonarias no reportadas adecuadamente en sus declaraciones patrimoniales y fiscales, y que involucran a empresas consideradas por autoridades fiscales como “fantasma” o vinculadas a contratistas que se beneficiaron durante su gestión en Tabasco, lo que ha provocado una ola de críticas sobre posible ocultamiento de ingresos y conflictos de interés.
El propio senador ha respondido a estas acusaciones defendiendo que sus ingresos provienen de actividades profesionales declaradas ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), incluidas asesorías legales y otras actividades privadas, y ha rechazado que haya ocultado información o incurrido en conflicto de intereses, asegurando que algunas versiones son parte de campañas de desprestigio político.
La polémica pone de manifiesto, una vez más, casos de nepotismo en el partido gobernante, utilización de los cargos con fines personales, así como la tensión entre la teoría constitucional de autonomía de poderes y las prácticas concretas en las instituciones públicas, en un país donde la concentración de poder político y la proximidad familiar a figuras de alto perfil sigue siendo un tema sensible en el debate público y que demanda respuestas claras de las autoridades competentes y mecanismos efectivos de rendición de cuentas.
