Las reformas constitucionales impulsadas en México durante las últimas décadas han significado un retroceso para los derechos de los pueblos originarios y han abierto la puerta al despojo territorial y a la explotación de los recursos naturales, advirtió la abogada Bárbara Zamora durante su participación en el semillero “De pirámides, de historias, de amores y, claro, desamores”, realizado en el marco del 32 aniversario del alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Ante asistentes reunidos en Chiapas, Zamora señaló que los cambios a la Constitución y a diversas leyes secundarias han sido utilizados como instrumentos legales para favorecer intereses económicos y de poder, en detrimento de comunidades indígenas y campesinas. La jurista explicó que las modificaciones a las leyes agraria, minera, de hidrocarburos, de inversiones extranjeras y de amparo, entre otras, han servido para justificar proyectos que implican la apropiación de tierras y la explotación intensiva de los bienes naturales.
“A la Constitución se le han hecho cientos de reformas que en apariencia otorgan derechos, pero que en el fondo tienen la finalidad de ejercer mayor poder y eliminar derechos que antes se habían otorgado”, afirmó. En ese sentido, sostuvo que la ley se aplica con rigor al pueblo, mientras que quienes detentan el poder la ignoran o la modifican de acuerdo con sus propios intereses.
Zamora recordó que las reformas relacionadas con la tenencia de la tierra se presentaron como mecanismos para dar certeza jurídica a campesinos e indígenas, pero en la práctica han permitido la entrada de sociedades mercantiles, como empresas inmobiliarias, turísticas, mineras y petroleras. A su juicio, el problema agrario sigue siendo un eje central de conflicto en el país, pues estas modificaciones legales han privilegiado la expropiación, en muchos casos sin indemnización adecuada, y han colocado los proyectos gubernamentales por encima del uso tradicional que las comunidades dan a sus territorios.
Trenes, carreteras, desarrollos comerciales y turísticos, añadió, suelen imponerse como prioridades del Estado frente a los derechos colectivos de ejidos y comunidades, profundizando tensiones sociales y jurídicas que se arrastran desde hace décadas.
La abogada también alertó sobre las reformas constitucionales que han permitido la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Consideró que esta militarización incrementa el riesgo de despojo, debido a la construcción de cientos de cuarteles en distintas regiones del país y a la presencia permanente de militares en comunidades indígenas, lo que, dijo, contribuye a la ruptura del tejido social.
Como asesora del EZLN durante los Acuerdos de San Andrés en 1996, Zamora planteó la necesidad de una nueva Constitución que coloque en el centro al ser humano, las libertades y los derechos colectivos, por encima de la lógica de la propiedad privada y la explotación de los recursos.
En el mismo espacio, Eduardo Almeida, del Nodo de Derechos Humanos, y Tamara San Miguel, del Enlace Urbano de Dignidad, coincidieron en que el discurso de los derechos humanos se ha convertido en una narrativa recurrente de los gobiernos, pero utilizada para justificar abusos contra los sectores más vulnerables. Almeida sostuvo que, bajo el argumento de la paz, el Estado ha profundizado la militarización; que el desarrollo se ha vuelto una coartada para el despojo; que los derechos laborales se usan para justificar la explotación, y que los derechos de los pueblos indígenas sirven para folclorizarlos.
El activista afirmó que la “pirámide del Estado mexicano” se sostiene en una élite que se reparte cargos públicos, administra proyectos que calificó como “de despojo y muerte”, y gestiona tanto la caridad como la violencia institucional. “Los derechos no existen en realidad; lo que hay son favores y amenazas disfrazadas institucionalmente como garantías”, sostuvo.
Por su parte, Tamara San Miguel advirtió que el capitalismo ha generado “muertes masivas” que se intentan borrar de la memoria colectiva y que está dejando un paisaje de escombros y fosas que aún no se alcanza a dimensionar como humanidad. Alertó que Palestina se ha convertido en un espejo del rumbo que sigue el mundo y señaló que el derecho internacional humanitario atraviesa una profunda crisis.
Las actividades del semillero continuarán hasta el 29 de diciembre. Posteriormente, los días 31 de diciembre y 1 de enero, se llevará a cabo la ceremonia conmemorativa del 32 aniversario del levantamiento zapatista, así como un baile popular en el caracol de Oventic, en el municipio de San Andrés Larráinzar, como parte de los actos de reflexión y memoria impulsados por el EZLN.
Al referirse al contexto mexicano, ejemplificó esta violencia estructural en las fosas clandestinas, el dolor de las madres buscadoras, los feminicidios y los ataques de las Fuerzas Armadas, como el asesinato de las menores Alexa Medina y Leidy Rojas en Sinaloa, ocurrido en mayo de este año y que, señaló, ha sido minimizado oficialmente como “daño colateral”.
