Una jueza federal resolvió mantener el bloqueo de las cuentas bancarias de la esposa e hija de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, al considerar improcedentes los recursos legales promovidos para revertir la decisión de la Unidad de Inteligencia Financiera. Con ello, Verónica Encalada Pérez y Verónica Bermúdez Encalada continuarán sin acceso a sus recursos financieros y permanecerán inscritas en la lista de personas bloqueadas del Sistema Financiero Mexicano.
La resolución fue emitida por Sandra Adriana Carbajal Díaz, titular del Juzgado Primero de Distrito con residencia en Villahermosa, Tabasco. En el caso de Verónica Encalada Pérez, la juzgadora negó la suspensión definitiva solicitada para frenar los efectos del bloqueo, mientras que respecto a Verónica Bermúdez Encalada rechazó concederle el amparo promovido contra la misma medida. Ambas resoluciones mantienen vigentes las restricciones financieras dictadas por la UIF.
Las dos mujeres, al igual que Bermúdez Requena, impugnaron el acuerdo 228/2025, fechado el 24 de julio de 2025, mediante el cual la Unidad de Inteligencia Financiera determinó incorporarlas a la lista de personas bloqueadas, lo que derivó en la suspensión inmediata de sus cuentas bancarias. Dicho acuerdo forma parte de las acciones emprendidas por la autoridad hacendaria en el marco de investigaciones por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita y vínculos con actividades delictivas.
Hernán Bermúdez Requena, quien fue colaborador cercano de Adán Augusto López durante su paso por el gobierno de Tabasco, ha sostenido públicamente que fue relacionado de manera injusta con el grupo delictivo conocido como “La Barredora”. El exfuncionario ha afirmado que en su contra se libró de forma ilegal una orden de aprehensión por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro por autoridades del estado, y ha denunciado que tanto él como su familia son víctimas de una persecución política.
De acuerdo con su propio testimonio, fue el 25 de julio de 2025 cuando tuvo conocimiento de que la UIF había ordenado el bloqueo de sus cuentas bancarias y las de sus familiares, así como su inclusión en la lista de personas bloqueadas del sistema financiero mexicano. Desde entonces, él y sus allegados han promovido diversos recursos legales para revertir estas decisiones, sin que hasta ahora hayan obtenido resoluciones favorables.
La negativa de la jueza Carbajal Díaz refuerza la postura de las autoridades financieras y judiciales de mantener las medidas cautelares mientras se analizan a fondo los elementos que dieron origen a la inclusión de los nombres en la lista de personas bloqueadas. El caso se mantiene abierto y continúa siendo un referente del uso de las facultades de la UIF y del control judicial sobre las mismas, en un contexto marcado por acusaciones de crimen organizado, disputas legales y señalamientos de motivaciones políticas.
