La propuesta del gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, para nombrar el nuevo Libramiento Norte de la capital poblana como “Manuel Bartlett Díaz” desató un debate político que trascendió fronteras estatales y llegó hasta Palacio Nacional. Ante este planteamiento, la presidenta Claudia Sheinbaum admitió este viernes que el exfuncionario “tiene temas en su vida”, aunque enfatizó que su gobierno valora especialmente la última etapa de su trayectoria pública, centrada en la defensa del sector energético nacional.
En su conferencia matutina, Sheinbaum dijo que, si bien existe una “polémica evidente” asociada con la figura de Bartlett, su administración prefiere enfocarse en el periodo en que fungió como director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) —cargo que ocupó en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador— y en el que, aseguró, defendió “a ultranza” a la CFE y a Petróleos Mexicanos (Pemex) en momentos en que, según la mandataria, pocos funcionarios asumían esa postura.
El nombre de Manuel Bartlett Díaz evoca décadas de vida política en México. Licenciado en Derecho por la UNAM, con una carrera que lo llevó desde ser diputado federal hasta encabezar la Secretaría de Gobernación en 1988, Bartlett se consolidó como una figura clave dentro del Partido Revolucionario Institucional (PRI) antes de sumarse años más tarde al proyecto político del entonces presidente López Obrador y afiliarse a Morena.
Sin embargo, su legado está marcado por episodios que han dejado profundas heridas en la memoria política del país. Quizá el más recordado y debatido es la llamada “caída del sistema” durante las elecciones presidenciales de 1988, en las que —mientras Bartlett era secretario de Gobernación y presidente de la Comisión Federal Electoral— el cómputo de votos sufrió una interrupción abrupta que favoreció al candidato priista Carlos Salinas de Gortari, en detrimento de Cuauhtémoc Cárdenas. Este hecho ha sido interpretado por amplios sectores como un fraude electoral, acusación que Bartlett ha negado a lo largo de los años, aunque el episodio sigue siendo símbolo de cuestionamientos democráticos en México.
Más allá de la polémica del 88, el exdirigente priista ha enfrentado señalamientos que van desde presuntas irregularidades en su patrimonio y acusaciones de enriquecimiento ilícito hasta menciones en documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos que aluden a su supuesta relación con el secuestro y asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena en 1985, aunque no existe una sentencia judicial que lo vincule directamente con dichos hechos.
Durante su gestión al frente de la CFE, Bartlett también fue centro de críticas por su postura ante órganos reguladores y el sector privado, al privilegiar políticas de fortalecimiento de las empresas públicas de energía, lo que generó choques con sectores que defendían la apertura del mercado y la competencia en el sector eléctrico.
Frente a estas contradicciones, la posición de Sheinbaum abre un nuevo capítulo en el debate sobre cómo se recuerda y honra a figuras públicas con historias complejas. Al subrayar el valor de la defensa del sector energético, la presidenta busca destacar un elemento clave de la política pública de la cuarta transformación, al tiempo que reconoce que la memoria histórica del país incluye episodios dolorosos y controversiales que no pueden ser ignorados al momento de proponer homenajes públicos.
La controversia sobre el nombre del libramiento en Puebla no solo pone en la mesa la valoración de la trayectoria de Bartlett, sino también la discusión más amplia sobre cómo la sociedad mexicana procesa y legitima el legado de sus actores políticos más controvertidos. La respuesta de Sheinbaum, matizada pero firme en priorizar ciertos aspectos de ese legado, podría marcar un precedente para futuras propuestas de homenaje en el espacio público.
