México enfrenta un desafío estructural que atraviesa la vida cotidiana de millones de personas: el cuidado. Ese trabajo indispensable para sostener la vida debe ser reconocido como un derecho humano, redistribuido de manera equitativa y asumido de forma corresponsable por las familias, la sociedad y el Estado, afirmó la especialista del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, Edith Ortiz Romero, durante su conferencia magistral Ética del cuidado en tiempos de crisis: horizontes bioéticos para una sociedad que sostiene.
La académica sostuvo que hoy existe un avance significativo en el plano internacional, luego de que en agosto pasado la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconociera el cuidado como un derecho humano autónomo con tres dimensiones fundamentales: el derecho a ser cuidado, a cuidar y al autocuidado. Sin embargo, subrayó que este reconocimiento debe traducirse en políticas públicas concretas que permitan aliviar la carga histórica que ha recaído de manera desproporcionada en las mujeres.
Ortiz Romero explicó que todas las personas, en algún momento de la vida, requieren cuidados y también pueden brindarlos. El problema central, dijo, es quién los asume y bajo qué condiciones. Tradicionalmente, estas tareas han sido asignadas a las mujeres dentro del ámbito doméstico, lo que ha generado profundas desigualdades en términos de tiempo, salud y oportunidades.
Con base en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía correspondientes a 2022, la investigadora detalló que 78 por ciento de los hogares en México tenía al menos una persona con necesidades de cuidado. En total, 58.3 millones de personas requerían algún tipo de atención, lo que representaba 45.2 por ciento de la población, y 42 por ciento necesitaba cuidados específicos. De las personas de 15 años y más, 31.7 millones brindaron cuidados en su propio hogar o en otros, y de ellas, tres de cada cuatro eran mujeres.
La especialista precisó que el cuidado de personas con discapacidad recae principalmente en hijas y madres; en el caso de las infancias, 86 por ciento de la responsabilidad la asumen madres y abuelas. Para niñas, niños y adolescentes de entre seis y 17 años, las madres concentran 81 por ciento del cuidado, mientras que los padres apenas alcanzan seis por ciento. En el caso de las personas adultas mayores, las principales cuidadoras siguen siendo mujeres: hijas, nietas, parejas o cónyuges.
Esta participación desigual, advirtió, no es casual, sino resultado de roles de género históricamente asignados. Las cifras lo confirman: las mujeres dedican en promedio 28.2 horas semanales al trabajo doméstico, frente a 11.5 horas de los hombres. En cuidados directos, ellas destinan 13.6 horas a la semana, mientras que ellos 8.7. Esta diferencia, cercana a 16 horas en el trabajo doméstico, tiene consecuencias directas en la salud física y emocional de quienes cuidan.
Ante este panorama, Ortiz Romero planteó la necesidad de avanzar hacia un sistema nacional de cuidados de carácter progresivo, con una participación activa del Estado. Señaló que para garantizar el derecho al cuidado se requieren servicios públicos de calidad, suficientes y eficientes, así como empleos dignos, infraestructura especializada, estancias infantiles y hospitales que respondan a las necesidades reales de la población.
La académica insistió en que el cuidado no debe entenderse como una carga ni como un esquema asistencialista, sino como una experiencia cotidiana que sostiene la vida social. En ese sentido, apostar por una sociedad del cuidado implica transformar la cultura desde las infancias, educando en la corresponsabilidad y el reconocimiento de que cuidar y cuidarse es una tarea colectiva.
La conferencia fue organizada por la Comisión Interna para la Igualdad de Género del Programa Universitario de Bioética de la UNAM y se inscribe en un debate cada vez más relevante en México: cómo construir un modelo social que valore el cuidado, lo redistribuya con justicia y lo garantice como un derecho para todas y todos.
